Desde 2017, el partido Morena fue señalado públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado, según documentos y artículos de opinión publicados en ese periodo. Uno de los textos más citados es el artículo titulado “¿Financia el narco a Morena?”, en el que se advertía sobre el posible origen ilícito de recursos utilizados en la construcción del partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
La advertencia volvió a cobrar relevancia en días recientes, luego de que lectores y analistas retomaran ese antecedente en el contexto de investigaciones internacionales y señalamientos sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana.
De acuerdo con el texto publicado el 22 de junio de 2017, el cuestionamiento surgió tras el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el papel que jugó José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala. El artículo señalaba que Abarca y su esposa, quien buscaba sucederlo en el cargo, eran identificados localmente como parte de una de las estructuras criminales más poderosas de Guerrero.
Pese a ello, se documentó que Abarca fue impulsado como candidato cuando López Obrador ejercía una influencia determinante dentro del PRD. Diversos sectores sociales y militantes del partido habrían advertido sobre los antecedentes del entonces candidato, sin que esas alertas fueran atendidas.
El texto sostenía que la protección política a Abarca respondía, presuntamente, al financiamiento de actividades políticas vinculadas a la creación de Morena, lo que explicaría —según el análisis— la omisión y el respaldo político pese a los señalamientos existentes.
Años después, ese patrón fue retomado a raíz de declaraciones de López Obrador durante un operativo federal en Tepic, Nayarit, donde fuerzas armadas abatieron a 16 integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, incluido su líder Juan Francisco Patrón, alias El H2. En ese momento, el entonces candidato presidencial calificó el operativo como una “masacre” y acusó a las fuerzas federales de ejecutar a los delincuentes.
Además, atribuyó la participación de los abatidos en el crimen organizado a la falta de oportunidades derivada de políticas económicas previas, postura que fue interpretada por críticos como una defensa indirecta de grupos criminales.
De manera paralela, periodistas locales y reportes regionales documentaron una inusual abundancia de recursos en campañas de Morena en estados con fuerte presencia del narcotráfico. Se reportó la aparición de camionetas nuevas, estructuras de movilización costosas y el reparto masivo de despensas y apoyos, sin claridad sobre el origen de los fondos.
El artículo de 2017 advertía que la situación en Nayarit replicaba el esquema observado en Iguala: un contexto dominado por el crimen organizado, actores políticos impulsados desde la dirigencia nacional y un financiamiento opaco que permitía una operación electoral de gran escala.
Con base en esos antecedentes, el texto planteaba una pregunta que sigue vigente: ¿quién financia a Morena en territorios con presencia dominante del crimen organizado y por qué se mantiene una defensa política constante de estos contextos?
Hasta ahora, no existe una investigación oficial que haya esclarecido de manera definitiva los señalamientos planteados desde 2017. Sin embargo, el debate sobre la posible infiltración del narcotráfico en la política mexicana continúa abierto y vuelve a tomar fuerza a la luz de nuevos contextos nacionales e internacionales.
Deja una respuesta