No fue un error administrativo. No fue una “falla del sistema”.
Durante seis años se habría construido, paso a paso, la red de contrabando de combustibles más grande en la historia moderna de México. Y, de acuerdo con investigaciones de inteligencia nacionales y extranjeras a las que tuvo acceso Código Magenta, el nombre que aparece al centro de esa red es Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras desde Palacio Nacional se repetía el discurso de “no robar, no mentir y no traicionar”, en las entrañas de Pemex se habría tejido una telaraña de lealtades, favores y protección oficial. Una red integrada por 27 funcionarios y operadores colocados estratégicamente para controlar permisos, rutas, aduanas y el andamiaje legal que permitió la entrada masiva de huachicol fiscal y huachi-diésel al país.
No se trató de improvisados. De acuerdo con los expedientes, “Andy” habría operado junto a un círculo íntimo de personajes clave: Daniel Asaf, Marcos Herrería, Octavio Romero, Ángel Carrizales, Abraham Alipi Mena, entre otros. Muchos de ellos, curiosamente, originarios de Tabasco y ligados directamente a las familias López Obrador y López Beltrán.
El impacto fue devastador.
Según la investigación, cuatro de cada diez litros de gasolina y diésel que hoy se consumen en México serían de origen ilegal. Más del 30% del diésel que alimenta plantas de la CFE habría entrado por contrabando, facturado hasta 400% por encima de su precio real en Estados Unidos. Todo esto mientras Pemex se hundía en deuda y el Estado absorbía pérdidas multimillonarias.
Las ganancias ilícitas estimadas —55 mil millones de dólares— no solo habrían enriquecido a un puñado de políticos, transportistas y empresarios gasolineros. Parte de ese dinero, señala la investigación, habría servido para financiar campañas electorales de Morena en 2021 y 2024, asegurando la continuidad del poder político que protegía la operación.
Con ese dinero, México pudo haber hecho otra historia: pagar gran parte de la deuda de Pemex, saldar adeudos con proveedores, evitar nuevos préstamos públicos y aliviar unas finanzas nacionales hoy exhaustas. Nada de eso ocurrió.
Y no fue solo omisión. Para mover cientos de miles de pipas, trenes completos y buques-tanque, la red habría requerido complicidades activas de aduanas, fuerzas armadas, Guardia Nacional y policías estatales. Nada a gran escala se mueve sin que alguien mire… o cobre.
En los próximos días, Código Magenta revelará contratos sin licitación, como el arrendamiento de un barco chatarra por 10 años, pagado con 15 mil millones de pesos, y los detalles finos de la llamada Mafia Morena de Pemex.
Lo que emerge no es solo un caso de corrupción. Es el retrato de cómo el poder familiar y político habría capturado una empresa del Estado, convirtiéndola en el corazón de un saqueo histórico.
Una historia que obliga a hacerse la pregunta incómoda:
¿cómo pudo ocurrir todo esto sin que el presidente lo supiera… o lo autorizara?
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