Los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein están sacudiendo a medio mundo. En México, el golpe no viene por una foto social ni por una invitación a una cena elegante. Viene por algo mucho más delicado: el señalamiento de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sabía.
Según reportes internos del FBI fechados en 2019, un informante aseguró que López Obrador tenía conocimiento de información sensible relacionada con operaciones criminales vinculadas al entorno Epstein, incluyendo material grabado en México. No lo dice un tuitero, no lo dice un adversario político: lo dice un testimonio asentado en documentos oficiales de Estados Unidos.
Y lo más incómodo no es solo la mención. Es el contexto.
Los archivos señalan que el informante habría sostenido una reunión con el presidente mexicano y que, tras esa conversación, recibió autorización para contactar al FBI. En otras palabras: el jefe del Ejecutivo habría estado enterado y decidió que el tema se manejara fuera del país, sin que exista registro público de una investigación equivalente en México.
Durante años, el obradorismo se construyó sobre la idea de una “superioridad moral”, de un presidente distinto, ajeno a las élites, distante de las cloacas del poder global. Pero estos documentos dibujan otra escena: la de un mandatario informado sobre una red criminal internacional y que, al menos según el testimonio, no activó una respuesta institucional visible en su propio país.
No es lo mismo aparecer que ser señalado
En los mismos archivos aparecen otros nombres mexicanos. Empresarios, figuras públicas, personas de la élite económica. Pero casi todos en un plano menor: asistencia a eventos culturales, referencias patrimoniales, correspondencia empresarial. Contexto social, no señalamientos de fondo.
Ahí están Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, la familia de Emilio Azcárraga, María Aramburuzabala o Antonio del Valle. Nombres grandes, sí, pero sin acusación directa. No es lo mismo coincidir en una ópera que aparecer como alguien “enterado”.
Por eso el caso mexicano incomoda más.
No hay, hasta ahora, una explicación clara desde el entorno de López Obrador. No hay postura pública que desmonte el señalamiento. No hay referencia a investigaciones internas, ni a acciones emprendidas desde el Estado mexicano en ese momento.
Legalmente, es cierto: los documentos no son una sentencia. No hay imputación formal. Pero en política, el problema no siempre es el código penal. A veces basta con que el nombre correcto aparezca en el expediente equivocado.
Porque una cosa es que te mencionen.
Y otra muy distinta es que te señalen como alguien que sabía.
Y ahí, la narrativa del “presidente ajeno a todo esto” empieza a hacer agua.
Deja una respuesta