El Senado de la República aprobó una reforma que transforma por completo las reglas de los juicios fiscales… y no precisamente a favor de los contribuyentes. Con los votos de la mayoría oficialista, se avalaron cambios que le otorgan al SAT un poder sin precedentes para revertir sentencias que antes perdía, colocándose por encima de los ciudadanos que intenten defenderse.
La reforma permite que el SAT vuelva a impugnar resoluciones que ya habían favorecido al contribuyente, llevándolas a tribunales colegiados si considera que afectan sus intereses. En otras palabras: aunque un ciudadano gane un juicio, el SAT tendrá nuevas vías para prolongarlo y darle la vuelta.
Pero eso no es todo. La modificación también limita las suspensiones provisionales, lo que significa que embargos, cobros y congelamientos de cuentas podrán mantenerse activos aun mientras el juicio sigue en proceso. El ciudadano queda expuesto, sin protección real, frente a una autoridad que ahora puede ejecutar primero y discutir después.
A esto se suman plazos más rígidos para resolver juicios sumarios y la incorporación de procedimientos totalmente digitales. Aunque la modernización suena bien sobre el papel, la oposición advierte que, en la práctica, estos cambios desequilibran la balanza y facilitan que el gobierno presione, asfixie y persiga a quien quiera.
Por ello, legisladores opositores calificaron esta reforma como un paso hacia el “terrorismo fiscal”, alertando que el gobierno está construyendo un sistema donde el ciudadano pierde sus garantías básicas y la autoridad gana la capacidad de aplastar cualquier defensa.
Mientras la mayoría oficialista insiste en que los cambios “fortalecen la lucha contra la evasión”, lo cierto es que esta reforma coloca a millones de contribuyentes en una posición vulnerable frente al poder del Estado.
El dictamen ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se definirá si este nuevo modelo, que amplifica la fuerza del SAT y reduce la protección de los ciudadanos, se convierte en ley.
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