Redacción
En medio de carencias estructurales en el sistema de justicia y de crecientes cuestionamientos al uso del dinero público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó más de 40 mil pesos del erario para la elaboración de un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, un gasto que ha sido calificado como superfluo, innecesario y sin impacto alguno en la función jurisdiccional.
La erogación quedó documentada en contratos oficiales de la Dirección General de Infraestructura Física del Poder Judicial, donde se detalla la contratación —por adjudicación directa— de un servicio denominado “Elaboración de retrato vivo de la señora ministra Lenia Batres Guadarrama”.
El monto autorizado fue de 35 mil pesos más IVA, alcanzando un total de 40 mil 600 pesos, para una pintura al óleo de 50 por 40 centímetros, destinada a formar parte del acervo del recinto judicial.
Un lujo innecesario con cargo a los contribuyentes
Más allá de la cifra, el gasto ha provocado indignación por su nula utilidad pública. No mejora la impartición de justicia, no fortalece el acceso a tribunales ni atiende rezagos administrativos. Se trata, en los hechos, de un ejercicio de vanidad institucional financiado con recursos de los contribuyentes.
La polémica se agrava debido a que Lenia Batres se ha promovido públicamente como la llamada “Ministra del Pueblo”, un discurso que contrasta con la aprobación de gastos que poco o nada aportan al interés colectivo.
Derroche que se suma a compras millonarias
La revelación del retrato coincide con otro gasto que encendió las alarmas: la compra de nueve camionetas blindadas por un monto cercano a los 27 millones de pesos, también con recursos públicos.
Aunque se trata de montos distintos, ambos casos exhiben una misma lógica de derroche, donde el dinero se destina a artículos de lujo, imagen o comodidad institucional, mientras el país enfrenta tribunales saturados, procesos lentos y una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial.
Austeridad selectiva y prioridades equivocadas
Especialistas advierten que este tipo de gastos, aunque aparentemente menores, revelan prioridades profundamente equivocadas dentro del Poder Judicial. En lugar de invertir en digitalización, capacitación, reducción de rezagos o mejora del servicio al ciudadano, se opta por ornamentos y símbolos personales.
Hasta ahora, la Suprema Corte no ha explicado por qué consideró necesario destinar recursos públicos a un retrato personal ni qué beneficio tangible obtiene la ciudadanía de esta decisión.
Lo cierto es que, en un país donde cada peso público cuenta, los gastos estúpidos, superfluos e insulsos también son una forma de abuso del erario.
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