En el tramo final del sexenio pasado, una decisión operada desde la oficina de Comunicación Social de la Presidencia dejó un compromiso financiero que seguirá cobrando factura durante décadas. No fue una política pública discutida, planeada o presupuestada: fue un decreto impulsado por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy representa una afectación estimada de casi 27 mil millones de pesos al erario.
El decreto, publicado el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, creó una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. La narrativa fue emotiva y políticamente rentable. La realidad, sin embargo, fue otra: no existía sustento jurídico sólido, no había previsión presupuestal y el programa terminó beneficiando a personas que ya habían sido legalmente liquidadas.
De acuerdo con el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, el decreto no fue el resultado de un consenso técnico ni de una evaluación financiera. Fue una operación política personal de Ramírez Cuevas, quien utilizó la confianza presidencial para imponer su agenda pese a las advertencias dentro del propio gobierno.
La maniobra más reveladora llegó apenas cuatro días después, cuando una fe de erratas modificó el decreto original para ampliar el universo de beneficiarios. No se trató de corregir un error tipográfico, sino de reventar los límites legales del programa y abrir la puerta a un pasivo que el Estado mexicano no tenía cómo absorber. Usar una fe de erratas para alterar las reglas de acceso a un beneficio vitalicio no solo es una anomalía administrativa: es una burla al principio de legalidad presupuestaria.
El estudio actuarial del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es contundente: el costo total del esquema asciende a casi 27 mil millones de pesos hasta 2086. Es dinero comprometido sin aprobación legislativa específica, sin planeación de largo plazo y sin mecanismos claros de control.
Mientras el discurso hablaba de justicia histórica, el programa se transformó en una plataforma de clientelismo político. El decreto fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas, desplazó a su representación formal y fortaleció a liderazgos afines a Ramírez Cuevas. Los beneficiarios no tardaron en aparecer en mítines y actos públicos respaldando a Clara Brugada, a quien agradecieron explícitamente la gestión del exvocero.
El intercambio fue evidente: recursos públicos a cambio de respaldo político. En mayo de 2024, durante un evento del Día del Trabajo, esa lealtad se exhibió sin matices. La “compensación vitalicia” dejó de ser un asunto laboral y se convirtió en capital electoral.
Al cierre de 2023, el padrón sumaba 7,133 beneficiarios y el gasto ejercido ya superaba los 3,500 millones de pesos. Cada persona recibe pagos mensuales, un monto anual adicional y un seguro de vida. La Secretaría de Gobernación coordina el programa y el Indep lo ejecuta, aun cuando ambos han reconocido que no hay recursos suficientes para sostenerlo en el tiempo.
El impacto no termina ahí. El Indep también ha documentado condonaciones hipotecarias por más de seis mil millones de pesos y la cesión gratuita de inmuebles a la Comisión Federal de Electricidad, mientras la liquidación definitiva de LyFC sigue empantanada por disputas entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La desproporción es brutal. Con los recursos comprometidos por este decreto podrían construirse más de 150 hospitales de primer nivel, financiar millones de becas o cubrir cientos de miles de pensiones durante un año. En lugar de eso, el dinero quedó atado a un esquema diseñado para construir lealtades políticas y consolidar una red de influencia personal.
El caso de Jesús Ramírez Cuevas no es un error menor ni una decisión bien intencionada que salió mal. Es el ejemplo de cómo un funcionario utilizó un encargo institucional para operar políticamente, comprometer finanzas públicas a largo plazo y sentar un precedente peligroso: que el discurso de justicia social pueda usarse como coartada para el uso discrecional del erario.
Aquí no hay ambigüedad técnica. Hay responsabilidad política y daño patrimonial al Estado. Y mientras no se revise a fondo la legalidad del decreto ni se finquen responsabilidades, el mensaje es claro: en nombre de la causa correcta, se puede hacer el uso incorrecto del dinero público.
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