Hay algo que la ciudadanía siempre debe tener presente: cuando el poder se concentra en una sola persona o institución, los derechos empiezan a quebrarse. Y ese es el camino que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T. En cuestión de años, retrocedimos lo que había costado décadas construir. Nadie decía que el sistema era perfecto, pero en vez de corregir sus fallas, el país fue empujado hacia un modelo cada vez más autoritario, uno donde nuestras libertades se pierden de manera silenciosa.
En menos de una década se debilitó al Poder Judicial, se desmontaron autonomías y se desapareció a la policía civil federal. Pero a la 4T no parece bastarle: ahora el objetivo es entregar aún más poder al Estado y reducir la capacidad de defensa de las personas. Los esfuerzos por construir una democracia participativa quedaron atrás. Y lo más grave: el gobierno ha decidido recurrir a su herramienta más dura —el derecho penal— como si fuera una respuesta legítima a problemas que son sociales, estructurales y, sobre todo, consecuencia de la corrupción que ellos mismos se niegan a combatir.
Después de capturar a la Fiscalía General con el nombramiento de Ernestina Godoy, la Presidenta envió al Congreso una iniciativa que modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre los cambios propuestos destacan la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, mayores supuestos para detener en flagrancia, la figura de “jueces sin rostro” y más actos de molestia sin control judicial. Es decir, más margen para detener primero y preguntar después.
La comunidad internacional ya advirtió que estas medidas violan tratados que México ha firmado y derechos humanos básicos. Pero hay algo más: ninguna de estas reformas está pensada para que las víctimas obtengan justicia o para reducir la impunidad. No se toca la raíz del problema: la corrupción en policías, ejército y fiscalías. Tampoco se fortalecen las capacidades reales de investigación. La 4T todo lo quiere resolver encarcelando, porque no sabe —o no quiere— investigar.
Como no se planea profesionalizar a las fiscalías, la apuesta es otorgarles poderes discrecionales para detener arbitrariamente y, después, construir una investigación a modo. Esto abre la puerta al abuso y a la tortura. En países como El Salvador ya hemos visto que estas medidas, además de violar derechos, no resuelven la violencia y tampoco funcionan a largo plazo.
Las cifras lo confirman: más de 102 mil personas están en prisión sin sentencia, el 40% del total. Y solo este año la población penitenciaria sin sentencia creció en más de 12 mil casos en apenas ocho meses. ¿Qué significa esto? Que se está deteniendo por detener, sin evidencia, sin investigación y violando garantías básicas.
¿Y quiénes son los más afectados? Los más pobres. Aquellos que no pueden contratar un abogado, quienes apenas tuvieron educación básica. Según el Censo Nacional Penitenciario, más del 70% de las personas en prisión tiene escolaridad nula o mínima. El sistema no atrapa a los responsables del crimen organizado: atrapa a quien menos puede defenderse.
Además, esta estrategia terminará por alimentar la famosa “puerta giratoria”. El gobierno presume detenciones, pero cuando los casos lleguen ante un juez —sin pruebas, sin investigación, sin lógica institucional— se caerán. Lo saben. Quizá por eso era tan importante someter al Poder Judicial.
Lo más contradictorio es que Morena insistió durante años en que los jueces electos por el pueblo serían la vía para obtener justicia. Pero ahora quieren quitarles justamente la facultad de decidir si hay elementos suficientes para que una persona siga presa. Un juez sin poder no es un juez: es un sello automático al servicio del gobierno.
Un Estado que usa el derecho penal como respuesta a los problemas sociales no es un Estado fuerte, es un Estado fracasado. En vez de construir políticas de prevención, de fortalecer instituciones, de crear seguridad ciudadana, se elige el camino fácil: detener a quien sea, como sea, sin permitir que se defienda. Esa es la “estrategia” que nos están vendiendo.
El Colectivo La Justicia que Queremos ya advirtió que estas reformas son incompatibles con un Estado democrático. Y tienen razón. La ciudadanía merece claridad: estas iniciativas no buscan frenar la impunidad. Buscan darle más poder a la policía y a la fiscalía a costa de nuestros derechos. Y eso siempre termina golpeando primero —y más fuerte— a los que menos tienen.
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