El asesinato de dos familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ocurrido la madrugada del 31 de enero en Colima, derivó en una respuesta inmediata por parte de las autoridades estatales: en menos de 24 horas, los presuntos responsables fueron localizados y abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad.
De acuerdo con información oficial, tras el doble homicidio de dos mujeres en la colonia Placetas Estadio, la Fiscalía General del Estado de Colima identificó el vehículo presuntamente utilizado por los agresores mediante cámaras de videovigilancia. Horas después, el automóvil fue localizado en el municipio de Villa de Álvarez, donde se produjo un intercambio de disparos que dejó como saldo tres presuntos implicados muertos y un agente herido.
Con este operativo, el caso quedó, en los hechos, sin detenidos ni procesados.
La rapidez con la que actuaron las autoridades contrasta con la realidad que enfrentan miles de familias mexicanas cuyos casos de homicidio permanecen sin resolver durante años. En este episodio no hubo detenciones, declaraciones ministeriales ni un proceso judicial que permitiera esclarecer plenamente los hechos. La investigación se cerró con la muerte de quienes habrían participado directamente en el ataque.
Especialistas en seguridad y análisis criminal han advertido que cuando los presuntos responsables mueren durante operativos, se pierde la posibilidad de reconstruir el contexto completo del crimen. En este caso, las interrogantes no solo se concentran en los agresores, sino también en el entorno del ataque.
¿Por qué las víctimas fueron atacadas de forma directa dentro de su domicilio?
¿Existía algún conflicto previo que no ha sido explicado públicamente?
¿En qué actividades estaban involucradas antes del ataque que pudieron haber detonado esta agresión?
¿Se trató de un hecho aislado o de un mensaje dirigido?
Con los presuntos agresores muertos, esas preguntas difícilmente podrán responderse mediante un proceso judicial formal.
Aunque las autoridades han presentado el operativo como un resultado exitoso, el desenlace ha generado cuestionamientos sobre el uso diferenciado de la fuerza del Estado. Mientras la mayoría de los homicidios en el país no alcanza una resolución judicial, este caso recibió una reacción inmediata y contundente, alimentando la percepción de que el acceso a la justicia en México depende del perfil político de las víctimas.
Mario Delgado expresó públicamente su dolor y confianza en que se hizo justicia. No obstante, para amplios sectores de la opinión pública, la muerte de los presuntos agresores no equivale al esclarecimiento del crimen, sino al cierre anticipado de una investigación que ya no podrá profundizar en los motivos reales del ataque.
El caso reaviva el debate sobre la impunidad y la procuración de justicia en México, donde la rapidez del Estado parece activarse solo en circunstancias excepcionales, mientras la mayoría de los ciudadanos continúa esperando respuestas que nunca llegan.
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