Mientras Morena se presenta discursivamente como un partido que combate la corrupción y los privilegios del pasado, los datos disponibles muestran una realidad financiera mucho más incómoda. El partido en el poder arrastra adeudos fiscales significativos como persona moral, y al mismo tiempo mantiene vínculos políticos con casos emblemáticos de financiamiento público cuestionado, como el crédito otorgado a la empresa de Epigmenio Ibarra.
De acuerdo con reportes del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena registró saldos pendientes relacionados con obligaciones fiscales, particularmente impuestos retenidos a sus trabajadores que no habrían sido enterados oportunamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque existen discrepancias entre lo reportado por el INE y la versión oficial del SAT sobre si dichos adeudos ya fueron solventados, el hecho central permanece: los pasivos existieron y fueron detectados en informes oficiales.
Investigaciones periodísticas han detallado que estas omisiones ascienden, al menos, a 155.9 millones de pesos en impuestos retenidos no pagados, según reportes publicados por Reforma. Otros informes, correspondientes a ejercicios fiscales de 2023 y 2024, elevan la cifra hasta 395.2 millones de pesos en presuntos adeudos federales y locales, de acuerdo con el diario 24 Horas.
A este contexto se suma el caso Epigmenio Ibarra, productor y comunicador abiertamente alineado con Morena, cuya empresa Argos Comunicación recibió en 2020 un crédito de 150 millones de pesos por parte de Bancomext, una institución financiera del Estado. El préstamo fue otorgado durante la pandemia y posteriormente renegociado en varias ocasiones, extendiendo los plazos de pago hasta 2027. Hasta donde se ha hecho público, solo una parte del monto ha sido cubierta.
Lo relevante no es únicamente la existencia del crédito —legal en términos formales— sino el trato preferencial y la flexibilidad extraordinaria concedida a un personaje cercano al oficialismo, en un país donde miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan condiciones crediticias mucho más restrictivas o, de plano, no tienen acceso a financiamiento público.
Tras revisar información pública, no se han documentado otros créditos similares otorgados por la banca de desarrollo a figuras directamente ligadas a Morena con el mismo nivel de evidencia que el caso Ibarra. Sin embargo, esta ausencia no elimina el problema de fondo: una combinación de opacidad financiera, manejo irregular de recursos y doble discurso.
Morena, como partido, ha sido sancionado por financiamiento irregular en distintos episodios —como el caso del fideicomiso “Por los Demás” o el esquema de retenciones en Texcoco— y ahora enfrenta cuestionamientos por adeudos fiscales que cualquier empresa privada habría tenido que aclarar sin dilación. Al mismo tiempo, personajes de su entorno han accedido a recursos públicos bajo condiciones difíciles de justificar políticamente.
En suma, el partido que prometió erradicar los vicios del viejo régimen hoy aparece replicando prácticas que antes denunciaba: deudas con el fisco, uso opaco de recursos y cercanía entre el poder político y el dinero público. La diferencia es que ahora todo ocurre desde el gobierno, no desde la oposición.
Deja una respuesta