En muchas regiones del país, el crimen organizado ha construido su propio modelo de recaudación: el cobro de derecho de piso. No funciona con avisos, notificaciones o recargos, sino con amenazas de muerte. Para miles de comercios —desde tienditas hasta grandes negocios— la rutina diaria incluye vivir con una pistola invisible apuntando a la cabeza. Esa es la realidad que domina amplias zonas de México.
El cobro de piso es, en esencia, territorial. Las mafias avanzan negocio por negocio, barrio por barrio. Identifican quién vende qué, quién maneja un tianguis, quién opera una bodega, qué restaurante abrió, o qué farmacia funciona bien. Cada uno recibe una tarifa. Y la regla es clara: quien cobra es quien manda. Ese “tributo criminal” decide quién puede trabajar, a qué hora, a qué precio y hasta quién vive o muere si no paga. Cuando este “fisco paralelo” se instala, el Estado pierde sus dos pilares: el monopolio de la fuerza y el monopolio de la tributación.
¿Cómo llegamos a este punto? Una explicación posible es que, en el sexenio pasado, el país fortaleció a las fuerzas federales mientras debilitaba o abandonaba por completo a policías estatales y municipales. Se apostó todo al Ejército y la Guardia Nacional, pero se dejó vacío el nivel local: sin policías de proximidad, sin inteligencia territorial, sin capacidades de investigación. Ese hueco fue el espacio perfecto para que las mafias profesionalizaran sus cobros y ampliaran su control.
Hoy, el cobro de piso se ha convertido en el indicador más nítido de quién manda realmente en una zona. No es casualidad que lugares donde este “impuesto criminal” domina también experimenten enojo social, hartazgo y un creciente deseo de mano dura. Michoacán es el ejemplo más visible: ahí, el derecho de piso se volvió un cáncer silencioso que ahora ya hizo metástasis.
Para la nueva Presidenta, el reto es monumental: enfrenta un país donde el control territorial del crimen está desbordado. Su gabinete de seguridad lo sabe, y por eso lanzó una estrategia nacional contra la extorsión que empezará a probarse en Michoacán. Si funciona, puede definir el rumbo de todo el sexenio, porque no habrá desarrollo posible mientras las mafias cobren “impuestos” y regulen la actividad productiva del país.
El problema es que perseguir este delito es enormemente difícil. La cifra negra es altísima: casi nadie denuncia porque el primer castigo del crimen es matar a quien habla. Para romper ese silencio, las víctimas necesitan un entorno mínimo de protección, algo que hoy no existe. Ahí están los ejemplos de Uruapan: líderes que se atrevieron a denunciar el cobro de piso y terminaron asesinados.
La solución pasa por varios frentes. Primero, usar la inteligencia federal para golpear a las grandes estructuras de extorsión donde la gente esté dispuesta a colaborar. Pero eso no basta: los gobiernos estatales y las fiscalías locales deben profesionalizarse y blindarse para investigar estas redes sin colapsar. El plan federal incluye estos componentes, pero falta un tercer elemento: la dimensión política.
Sin frenar y sancionar a los actores locales —alcaldes, funcionarios, gobernadores— que facilitan, toleran o incluso protegen a las mafias, ningún plan funcionará. Mientras eso no ocurra, este “SAT criminal” seguirá expandiendo su poder y sustituyendo al Estado en más regiones del país.
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