A partir de este 9 de enero, el Gobierno Federal inició la implementación de un nuevo esquema obligatorio que exige que todas las líneas telefónicas móviles en México queden asociadas a una persona física o moral. La medida, aprobada en diciembre de 2025, se presenta oficialmente como una estrategia para combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos digitales advierten que el verdadero costo será la privacidad y la libertad de millones de ciudadanos.
El mensaje es claro: no registres tu teléfono celular. El Estado ya tiene tus datos personales; lo que ahora busca es tu ubicación en tiempo real y la posibilidad de escucharte. No se trata de seguridad, sino de control.
Organismos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han alertado que este registro abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva, con salvaguardas mínimas y amplios márgenes de discrecionalidad para las autoridades. Pepe Flores, director interino de la organización, advirtió que las personas usuarias se enfrentan a una disyuntiva inaceptable: entregar sus datos personales y biométricos o perder el servicio telefónico.
De acuerdo con los lineamientos, las personas deberán presentar CURP y credencial para votar o pasaporte para asociar su línea con empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. En el caso de personas morales, se exigirá el RFC. El plazo máximo para cumplir será el 30 de junio de 2026.
Lo más grave es que este esquema permite a las autoridades solicitar información a las compañías telefónicas sin necesidad de una orden judicial, afectando de manera particular a periodistas, personas opositoras, activistas, participantes en protestas sociales y población migrante. Lejos de reducir el delito, especialistas advierten que concentrar información sensible podría incentivar el robo de celulares y multiplicar los riesgos de filtraciones y abusos.
“No es seguro, pero es obligatorio”, reconoció Flores, cuestionando que exista evidencia real de que este tipo de padrones disminuyan la incidencia delictiva. La experiencia pasada en México demuestra lo contrario.
Pese a estas advertencias, el registro avanza. Medios como El Universal informan que las compañías habilitarán portales de consulta donde las personas deberán validar su identidad, entregar documentos oficiales y realizar una prueba de vida mediante selfie. A partir del 7 de febrero, Telcel iniciará este proceso, seguido por el resto de los operadores.
Frente a este panorama, la resistencia ciudadana es legítima y necesaria. No registres tu celular. Si puedes, utiliza alternativas que no te obliguen a entregar tu información personal. Defender la privacidad no es un delito: es un derecho.
#NoRegistresTuCelular
La vigilancia no es seguridad. La obediencia no es protección. La libertad se defiende ejerciéndola.
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