La discusión sobre la Reforma Electoral vuelve al centro del debate público, pero no por las razones que el oficialismo quisiera destacar. Un análisis técnico reciente advierte que, lejos de corregir distorsiones del sistema, la reforma en curso podría consolidar un esquema diseñado para que MORENA conserve la mayoría legislativa de manera permanente.
El documento “Futura Reforma Electoral 2026 en México. Análisis preliminar”, elaborado por Roberto Gil Zuarth y Jorge Alberto Medellín, ofrece una revisión detallada —y no ideológica— de los posibles efectos de modificar el sistema electoral. El estudio se apoya en datos duros, comparaciones históricas y simulaciones basadas en los resultados oficiales de la elección federal de 2024.
Uno de los capítulos más reveladores es el de Simulación de escenarios de asignación de Representación Proporcional. Ahí se analizan distintos supuestos de reducción de diputaciones plurinominales (25, 50, 75 y hasta 100 curules), manteniendo intactas las reglas actuales de asignación. El resultado es consistente en todos los escenarios: la coalición gobernante —MORENA, PT y PVEM— sale beneficiada, mientras que la oposición pierde representación.
Si, por ejemplo, se eliminaran 100 diputaciones plurinominales, el PAN pasaría de 68 a 51 escaños; el PRI, de 30 a 22; y el PRD, de 24 a 14. En contraste, aunque PT y PVEM pierdan curules en términos absolutos, su peso relativo dentro de la Cámara aumenta. El estudio subraya que estos partidos quedan “menos expuestos al ajuste”, fortaleciendo su fuerza parlamentaria gracias al actual sistema de siglado, una figura legal que ya generó polémica por la sobrerrepresentación observada en 2024.
El análisis histórico del valor del voto (1994–2015) refuerza esta preocupación. Si bien en el pasado la sobrerrepresentación benefició al partido dominante de cada época, desde 2018 el fenómeno se concentra en los partidos satélite del oficialismo. Con porcentajes de votación reducidos, PT y PVEM logran traducir cada voto en el doble o triple de escaños respecto a otras fuerzas políticas. El resultado, señalan los autores, no es una democracia más plural, sino un cambio de partido dominante con maquillaje institucional.
El documento también es severo con la propuesta presentada por el Instituto Nacional Electoral ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Critica su entrega tardía y, sobre todo, su falta de profundidad. Según el análisis, la propuesta del INE evade los problemas estructurales que hoy erosionan la calidad democrática: no aborda la inequidad generada desde las conferencias mañaneras, omite la intervención de sindicatos y del crimen organizado en campañas, no regula el uso de los llamados “acordeones” y carece de criterios claros para detectar votaciones atípicas o beneficios indebidos en campañas.
En contraste, el estudio de Gil Zuarth y Medellín sí entra en esos terrenos incómodos. Propone, entre otras medidas, que los plurinominales se asignen por coalición y no por partido, con el fin de evitar mayorías calificadas artificiales. En materia de seguridad electoral, sugiere que cada partido cuente con un Comité de Evaluación para investigar antecedentes de aspirantes y certificar su no vinculación con el crimen organizado. Además, plantea que el financiamiento criminal de campañas sea causal directa de nulidad electoral.
El informe aborda otros temas igualmente relevantes para una auténtica mejora democrática. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece abierta: ¿se busca corregir las fallas del sistema o simplemente blindar al partido en el poder?
Al cierre, la conclusión es inquietante y resume el sentir de amplios sectores: la Reforma Electoral parece diseñada no para fortalecer la democracia, sino para garantizar que MORENA nunca pierda la mayoría.
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