La llamada reforma electoral que impulsa el gobierno federal no es una modificación técnica ni un ajuste administrativo. Es un golpe directo a la pluralidad política. Reducir de 200 a 100 las diputaciones plurinominales, someterlas a votación estatal y eliminar por completo a los senadores plurinominales equivale a desmontar los contrapesos construidos tras décadas de lucha democrática y a regresar, casi intactos, al modelo electoral de 1976, el de los gobiernos autoritarios de Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que se trata de “reformas puntuales”, la realidad es otra: se está alterando la forma y el fondo de la competencia electoral para concentrar el poder y reducir la representación de las minorías. El mensaje es claro: menos voces, menos oposición y un Congreso más dócil.
No sorprende que el PT y el Partido Verde hayan reaccionado con rechazo. Ambos quedarían prácticamente anulados bajo este nuevo esquema. El propio coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, descalificó la propuesta, mientras que el PVEM —con 62 diputados y 18 senadores— observa cómo una reforma de este tipo amenaza su supervivencia política. Aun así, el gobierno parece dispuesto a tensar la cuerda, incluso sabiendo que Verde y PT pueden bloquear cualquier reforma constitucional si así lo deciden.
Pero el cierre del sistema no se limita al ámbito electoral. En paralelo, el gobierno ha comenzado a aplicar el llamado “derecho de las audiencias”, una figura presentada como garantía informativa, pero que en los hechos funciona como un instrumento de censura. Bajo el argumento de ofrecer información “adecuada”, el poder se arroga la facultad de decidir qué puede ver, escuchar y opinar la ciudadanía.
El caso ocurrido en la televisión pública es una señal de alarma. Una entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui, ya anunciada y promocionada en Canal 11 y Canal 14, fue censurada antes de salir al aire por decisión del defensor de las audiencias del sistema público. La razón: el entrevistado expresó posturas contrarias al aborto, a las parejas del mismo sexo y al propio gobierno. Eso no es protección de audiencias, es censura previa, expresamente prohibida por la Constitución.
Lo más grave es el precedente. No importa si se coincide o no con Sabina Berman o con Eduardo Verástegui. En una democracia, los medios existen para confrontar ideas, no para filtrarlas desde el poder. Cuando el gobierno decide qué opiniones son “adecuadas”, deja de informar y comienza a adoctrinar.
La combinación de una reforma electoral regresiva y la imposición de mecanismos de censura revela una estrategia clara: reducir la competencia política y controlar el discurso público. No es un accidente ni un exceso aislado. Es una señal inequívoca de que el gobierno está dispuesto a sacrificar pluralidad y libertad de expresión con tal de mantener el control. El problema no es solo lo que ya están haciendo, sino hasta dónde están dispuestos a llegar.
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