Más de 150 mil trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión enfrentan hoy un escenario de incertidumbre provocado por la falta de claridad, diálogo y transparencia en reformas que avanzan sin escuchar al sector.
El debate en torno a la próxima Reforma Electoral, sumado a las iniciativas anunciadas por la Secretaría de Cultura —en materia de cine, uso de inteligencia artificial en doblaje y copia privada en dispositivos electrónicos— se ha desarrollado sin una discusión amplia, técnica y participativa. Esta exclusión no solo genera dudas regulatorias; está impactando directamente las negociaciones salariales entre concesionarios y sindicatos.
A ello se agrega la reciente aprobación de la Ley en Materia de Radio y Televisión, cuyas disposiciones reglamentarias aún están pendientes. Particularmente, los lineamientos sobre derechos de las Audiencias podrían implicar nuevas cargas operativas y financieras para las concesiones, incrementando los costos en un entorno ya incierto.
La ausencia de información concreta sobre el alcance de la reforma electoral y la exclusión del sector en mesas de trabajo oficiales ha generado estimaciones de impacto económico negativo que aún no pueden dimensionarse con precisión. En ese contexto, las empresas tienden a adoptar posturas conservadoras en la negociación colectiva, lo que complica alcanzar acuerdos que protejan el poder adquisitivo y la estabilidad laboral de miles de familias.
Al día de hoy no existen acuerdos salariales. De no resolverse esta situación, la probabilidad de un estallamiento de huelga al primer minuto del 15 de febrero de 2026 es real.
Cuando las reformas se impulsan sin consulta técnica ni diálogo con los gremios, quienes pagan el costo no son los funcionarios ni los legisladores: son los trabajadores. Cualquier proceso legislativo que ponga en riesgo empleos debe asumir su responsabilidad política y económica frente a las familias que dependen de esta industria.
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