El empresario Ricardo Salinas Pliego llevó al Estado mexicano ante instancias internacionales al presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusa al gobierno de encabezar una estrategia sistemática de persecución política en su contra.
A través de un comunicado, Grupo Salinas informó que la queja fue entregada directamente en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca. El expediente, según la empresa, documenta una campaña iniciada desde 2023 que combina el uso del aparato fiscal, judicial y administrativo con fines de intimidación política.
De acuerdo con la denuncia, el caso no se trata de diferencias legales aisladas, sino de un patrón de hostigamiento institucional propio de regímenes que buscan castigar a voces críticas. El documento acusa al gobierno mexicano de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante acciones coordinadas desde el poder.
Entre los principales señalamientos destacan cuatro ejes:
Uso del poder político para silenciar críticas. Grupo Salinas acusa al gobierno de utilizar conferencias oficiales y vocerías públicas para desacreditar personalmente al empresario, señalando que más de 300 mañaneras han sido empleadas para atacar su reputación y deslegitimar su postura crítica.
Asfixia administrativa deliberada. La denuncia advierte un aumento inusual y selectivo de auditorías fiscales, las cuales —según el grupo— se duplicaron durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, en comparación con administraciones anteriores.
Captura del Poder Judicial. El expediente sostiene que la reciente reforma judicial ha debilitado la independencia de los tribunales, permitiendo al Ejecutivo influir en resoluciones clave y eliminar contrapesos institucionales.
Instrumentalización del sistema fiscal. Salinas Pliego acusa un trato discriminatorio por parte del Estado, en el que la política fiscal deja de tener fines recaudatorios y se convierte en un mecanismo de presión y castigo político.
Tras la reunión con la CIDH, el empresario afirmó que el gobierno mexicano utiliza al Estado como arma contra quienes disienten.
“Lo que estamos viviendo es un acoso sistemático: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada desde el poder para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto”, expresó.
Salinas Pliego advirtió que su caso no es aislado, sino un precedente peligroso para el país, pues envía un mensaje de intimidación al sector empresarial y a cualquier ciudadano que critique al gobierno.
“En México se está intentando imponer el miedo como método de control. El uso del Estado para castigar opositores políticos es una señal alarmante de deterioro democrático”, afirmó.
La petición presentada ante la CIDH busca que el organismo declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene medidas de no repetición, orientadas a frenar el uso político de las instituciones, restablecer la independencia judicial y garantizar la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026
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