Una nueva controversia rodea a actores vinculados a la llamada Cuarta Transformación tras revelarse un presunto esquema de recaudación de recursos con destino a Cuba, lo que ha encendido alertas dentro del sector empresarial por posibles presiones políticas y riesgos legales, particularmente frente a Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación periodística, el mecanismo operaría bajo el nombre de “Proyecto Isla del Sol”, mediante el cual se estarían solicitando aportaciones económicas a empresarios mexicanos, principalmente a aquellos que mantienen contratos con gobiernos emanados de Morena. Aunque en los documentos se presenta como una contribución voluntaria, diversas voces del sector privado advierten que, en la práctica, podría existir un contexto de presión implícita.
El caso ha generado inquietud no solo por la naturaleza de las solicitudes, sino también por sus posibles implicaciones internacionales. Según lo señalado en una columna de Carlos Loret de Mola en El Universal, empresarios temen que cualquier tipo de apoyo económico al gobierno cubano pueda derivar en sanciones por parte de autoridades estadounidenses, incluyendo el congelamiento de activos o la cancelación de visas, en caso de interpretarse como respaldo a un régimen sujeto a restricciones.
El documento que da sustento a este esquema habría sido firmado por figuras cercanas al oficialismo, entre ellas Pedro Miguel, identificado como ideólogo de la Cuarta Transformación; Pablo Daniel Taddei, sobrino de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei; y Jonathan Garduño. En él se plantea una “cooperación económica” con destino específico hacia la isla.
Este episodio se suma a una serie de posicionamientos recientes en favor de Cuba desde el ámbito político mexicano. A inicios de marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado público a la solidaridad con el país caribeño. Posteriormente, José Ramón López Beltrán difundió mensajes en redes sociales promoviendo el respaldo al pueblo cubano bajo una narrativa de integración regional.
La polémica se intensifica al considerar que este presunto esquema de recaudación surge poco después de que el SAT otorgara, en un plazo inusualmente corto, el estatus de donataria autorizada a la asociación civil “Humanidad con América Latina”, registrada el 9 de marzo. Este tipo de trámite suele tomar semanas o incluso meses para otras organizaciones.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo de recursos y antecedentes polémicos, como el fideicomiso “Por los demás” en 2018, originalmente destinado a apoyar a damnificados por el sismo de 2017, pero que posteriormente fue señalado por presuntas irregularidades en el uso de fondos.
Ante este panorama, empresarios y analistas coinciden en que el tema no solo abre un debate sobre la legalidad y transparencia de estos esquemas, sino también sobre los riesgos políticos y económicos que podrían derivarse de su implementación.
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