La concentración convocada por jóvenes y colectivos ciudadanos en la Ciudad de México para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo derivó en un fuerte cuestionamiento al dispositivo de seguridad implementado en el Zócalo capitalino. El exsecretario de Seguridad, Alberto Capella, acusó que el gobierno federal aplicó una estrategia deliberada de fragmentación y control, pese a que la movilización se desarrolló de manera pacífica durante la mayor parte de su recorrido.
Una marcha pacífica durante tres horas
Miles de jóvenes, familias y colectivos partieron del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo en una protesta marcada por consignas contra Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Adán Augusto López. La movilización surgió tras el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo en Uruapan, hecho que detonó indignación nacional.
Diversos medios nacionales reportaron que el ambiente fue ordenado y pacífico en todo el trayecto por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. La presencia de jóvenes y familias fue la constante.
El punto de quiebre: el acceso al Zócalo
De acuerdo con Capella, el comportamiento del operativo cambió al llegar al Zócalo. El especialista señaló que el gobierno diseñó un esquema de control para evitar que la plancha se llenara:
- Vallas colocadas en forma de “L”, limitando el acceso natural de la multitud.
- Filtros únicos y saturados, lo que generó cuellos de botella y dispersión.
- Bloques violentos ubicados exactamente en las zonas de entrada, provocando confrontaciones donde ingresaban familias y manifestantes pacíficos.
- Cohetones y detonaciones frente a Palacio Nacional, que generaron pánico y desorden.
“El Zócalo no se llenó porque fue diseñado para no llenarse”, afirmó Capella en entrevista, señalando que elementos violentos actuaron “con total precisión operativa”, como si hubieran sido colocados estratégicamente.
Violencia focalizada y narrativa oficial
Videos difundidos en redes mostraron a grupos encapuchados derribando vallas frente a Palacio Nacional, lo que derivó en la intervención policial. Las detonaciones y el caos provocaron que la multitud comenzara a dispersarse.
La Secretaría de Seguridad no reconoció intervención dura, pero el Gobierno federal reforzó su narrativa: atribuyó la protesta a una supuesta “campaña internacional de desinformación”, estimada en más de 90 millones de pesos, según versiones oficiales.
Medios internacionales, como El País y Cadena SER, confirmaron la presencia de miles de manifestantes y documentaron tanto el ambiente pacífico inicial como los disturbios ocurridos en la plancha.
“Autocracia pasiva”: represión sin prohibición
Capella definió lo ocurrido como una forma de “autocracia pasiva”: un método de control político que no prohíbe la protesta, pero la fragmenta, la dispersa y la inutiliza.
Según su análisis, el gobierno evitó un Zócalo lleno —imagen políticamente significativa— sin recurrir a una represión abierta.
“La violencia apareció exactamente donde entraba la gente pacífica; eso no es espontáneo”, subrayó.
El trasfondo político
La movilización apuntaba directamente contra el gobierno federal y la gestión de Sheinbaum ante la seguridad pública. Para los convocantes, la muerte del alcalde Manzo es un símbolo del deterioro nacional.
La oposición denunció un manejo político del operativo. En contraste, el gobierno reiteró que la marcha fue manipulada por intereses económicos y actores externos.
Lo ocurrido en el Zócalo dejó una pregunta central sobre el manejo institucional de la protesta social:
¿Hubo un dispositivo de seguridad fallido o una estrategia calculada para impedir una concentración masiva?
Mientras el gobierno insiste en la narrativa de desinformación y vandalismo, especialistas como Capella advierten que lo sucedido encaja en un patrón de control político sofisticado, donde la protesta se permite… siempre y cuando no se vea.
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