La reciente resolución de la Suprema Corte, que avala créditos fiscales generados a partir de reformas realizadas hace más de una década, reavivó un conflicto que comenzó no por evasión, sino por un cambio retroactivo en la interpretación de la ley. El caso, hoy convertido en bandera política, muestra el deterioro de las reglas fiscales y de los contrapesos institucionales en México.
El origen está en un decreto publicado el 12 de noviembre de 2013. Con él, el gobierno modificó la Ley del ISR, la del IETU y la del IVA, eliminó el régimen de consolidación fiscal y obligó a recalcular ejercicios anteriores con criterios diferentes. Operaciones que durante años habían sido válidas pasaron a considerarse “adeudos”.
De acuerdo con especialistas tributarios, el contribuyente involucrado había pagado sus obligaciones conforme al marco legal vigente. El conflicto surgió cuando Hacienda reinterpretó la normatividad y aplicó retroactividad para incrementar la carga fiscal. Esa reinterpretación infló el expediente y detonó una batalla legal que ha durado más de una década.
De un debate técnico a una herramienta política
El caso adquirió otra dimensión con el cambio de administración federal. Lo que comenzó como una disputa fiscal se transformó en un símbolo utilizado políticamente para señalar, confrontar y movilizar a sectores afines al gobierno.
Los hechos centrales, según juristas consultados, pueden resumirse así:
- El contribuyente actuó conforme a la ley entonces vigente.
- Fue el Estado quien modificó las reglas hacia atrás.
- La negativa a aceptar ese cambio detonó el conflicto jurídico.
- El expediente terminó siendo usado con fines políticos.
El proceso avanzó en un entorno marcado por presiones hacia el Poder Judicial, reformas que redujeron la autonomía de jueces y magistrados y, recientemente, limitaciones a las suspensiones de amparo. En ese contexto, una revisión imparcial del caso era prácticamente imposible.
Lo que sigue para el contribuyente
Aunque el fallo permite al gobierno iniciar el cobro, analistas coinciden en que el caso está lejos de terminar. Las rutas posibles incluyen:
- Negociación fiscal. La autoridad suele afirmar que no negocia, pero la experiencia muestra que termina haciéndolo cuando existen riesgos económicos o laborales.
- Llevar el caso a tribunales internacionales. El Sistema Interamericano, el CIADI y los mecanismos del T-MEC revisan si hubo retroactividad, discriminación o falta de independencia judicial.
- Litigar cada paso de la ejecución. El procedimiento de cobro es lento y cada acto puede impugnarse, dificultando que la autoridad avance sin frenos.
- Reordenar las empresas involucradas. Blindar marcas, separar unidades y proteger activos es una estrategia común frente a un entorno adverso.
Un mensaje político que trasciende el litigio
La forma en que se ha manejado este expediente podría generar consecuencias que el propio gobierno no anticipó. El relato de un Estado que cambia las reglas según convenga —pero que no garantiza seguridad, estabilidad ni certidumbre jurídica— ha comenzado a resonar entre jóvenes, emprendedores y clases medias cansadas del trato fiscal.
Incluso si la autoridad ejecuta embargos, la influencia económica o mediática de un grupo empresarial no depende únicamente de sus instalaciones físicas, sino de sus marcas, activos intangibles y capacidad de reorganización.
Transparencia obligada
El fondo del asunto no es si el Estado puede o no cobrar impuestos, sino el modo en que modificó el marco legal y debilitó instituciones para hacerlo. Especialistas advierten que, si el argumento es “recuperar recursos para el país”, el gobierno deberá detallar con absoluta claridad el destino de cada peso.
De lo contrario, el precedente será grave: un Estado que modifica leyes retroactivamente, doblega instituciones y persigue selectivamente a un contribuyente para obtener un botín político.
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