Desde Buenos Aires, Argentina, el contralmirante Fernando Farías Laguna decidió romper el silencio. Recluido en un centro de detención tras ser capturado al intentar ingresar al país con un pasaporte falso bajo el alias de “Luis Lemus”, el marino mexicano sostiene que él y su hermano Manuel han sido convertidos en “chivos expiatorios” dentro del escándalo de huachicol fiscal que sacude a la Secretaría de Marina.
Farías Laguna, señalado junto con su hermano por presuntamente participar en una red de contrabando de combustible, rechaza las acusaciones y afirma que dos marinos, por sí solos, no tendrían la capacidad de operar una estructura criminal de esa magnitud. Según su versión, el huachicol fiscal sería una operación de Estado en la que estarían involucradas distintas dependencias, funcionarios, mandos militares, empresarios gasolineros, transportistas y concesionarios portuarios.
El caso tomó mayor relevancia debido al parentesco de los hermanos Farías Laguna con el almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fernando niega que su carrera haya sido producto del nepotismo y asegura que tanto él como Manuel provienen de una familia con tradición naval. De acuerdo con su relato, ambos obtuvieron altas calificaciones durante su formación militar, lo que les permitió avanzar dentro de la institución.
El contralmirante afirma que se enteró de las presuntas redes de protección al huachicol por medio del también contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien le habría advertido que algunos marinos utilizaban los apellidos Farías Laguna para facilitar trámites y permisos relacionados con el tráfico de combustible. Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, pocos meses después de haber denunciado presuntas irregularidades dentro de la Marina.
Farías Laguna asegura que, tras ese crimen, comenzó a temer por su vida. Dice que recibió amenazas directas y que su familia también habría sido perseguida por personas que no sabe si pertenecen al crimen organizado o a alguna dependencia relacionada con las investigaciones. Según su versión, el asesinato de Guerrero Alcántar fue el punto de quiebre que lo llevó a salir de México.
El marino detenido en Argentina sostiene que él fue parte de quienes denunciaron la red, no de quienes la protegieron. Incluso afirma que existen mensajes de WhatsApp y grabaciones que demostrarían que buscó llevar la información hasta el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. También señala que, tras las denuncias, algunos mandos fueron removidos de sus cargos, aunque posteriormente habrían regresado de manera inexplicable.
Farías Laguna acusa que las autoridades mexicanas ya habían decidido responsabilizarlo a él y a su hermano, mientras otros posibles involucrados no han sido investigados con la misma fuerza. Asegura que nunca fueron citados formalmente a declarar antes de que se emitieran órdenes de aprehensión en su contra y que la prisión preventiva oficiosa les impediría defenderse adecuadamente.
Su hermano Manuel, quien decidió permanecer en México porque aseguraba no tener nada que ocultar, fue detenido durante su primera comparecencia y recluido en el penal del Altiplano. Fernando, en cambio, decidió huir tras enterarse de que ya se preparaban celdas para ambos en ese mismo penal.
La ficha roja de Interpol, solicitada por la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy, aceleró su salida del país. Para escapar, obtuvo un pasaporte falso con el que viajó primero a Colombia y posteriormente a Argentina. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Buenos Aires fue detenido por autoridades federales e Interpol.
Sobre los señalamientos relacionados con su patrimonio, Farías Laguna afirma que sus recursos provienen de más de 30 años de servicio en la Marina, incluidos dos años como agregado naval en España, donde asegura haber percibido un sueldo mensual de 18 mil dólares. También sostiene que los supuestos depósitos recurrentes de millones de pesos no eran ingresos nuevos, sino ahorros reinvertidos para obtener mejores rendimientos. Por ello, solicitó un peritaje financiero forense para aclarar el origen de esos recursos.
Actualmente, el contralmirante busca asilo político en Argentina o, en su defecto, ser extraditado a Estados Unidos para solicitar protección en ese país. Afirma que en México no existen condiciones para defenderse y acusa que la Secretaría de Marina ha negado información clave para su defensa bajo el argumento de “seguridad nacional”. Además, señala que parte de esos documentos fueron reservados por cinco años, lo que, según él, haría imposible comprobar su versión durante el actual sexenio.
Farías Laguna insiste en que regresar a México pondría en riesgo su vida. Desde su celda en Buenos Aires, sostiene que el verdadero fondo del caso no está en los dos hermanos acusados, sino en una red mucho más amplia de corrupción y contrabando que, según él, sigue sin investigarse a fondo.
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