La polémica alrededor de Jesús Ramírez Cuevas escala del terreno político al de la calle, justo cuando aumentan las exigencias para que responda con pruebas a los señalamientos en su contra y no con movilizaciones que afectan a la capital.
Para este viernes a las 11:00 de la mañana se prevé que contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) bloqueen Periférico Sur frente a las instalaciones de TV Azteca. Oficialmente se trata de una protesta sindical, pero en el entorno político y mediático la movilización ya es interpretada como parte de una presión vinculada directamente al actual coordinador de asesores de la Presidencia.
El contexto no es menor. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló la presunta ilegalidad del fondo de pensiones del SME, un fideicomiso que alcanzaría los 27 mil millones de pesos y cuya creación ha sido asociada políticamente al exvocero presidencial. El señalamiento abrió un nuevo frente de escrutinio sobre Ramírez Cuevas, particularmente por supuestos beneficios y dobles ingresos ligados a ese esquema.
Para críticos del caso, el movimiento de electricistas no sería una coincidencia sino una reacción política frente al cerco de acusaciones. La lectura es directa: en lugar de responder públicamente con documentos, aparece presión en las calles.
La controversia se suma al impacto del libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico Julio Scherer, donde se describen presuntas redes financieras irregulares, tráfico de influencias y operaciones vinculadas al entorno político del sexenio pasado. Aunque Ramírez Cuevas ha rechazado los señalamientos, la demanda pública se mantiene intacta: demostrar su inocencia con evidencia verificable.
En este clima, el periodista Manuel López San Martín lanzó una invitación frontal para que el funcionario acuda a debatir y responda de frente. El mensaje fue claro: el espacio está abierto para explicar los señalamientos, pero no para sustituir argumentos con marchas ni enviar contingentes a presionar medios o cerrar vialidades.
La exigencia central empieza a repetirse desde distintos frentes políticos y mediáticos: si no hay irregularidades, que se pruebe con documentos. Las acusaciones graves no se desmontan con músculo callejero sino con información comprobable.
El fondo del conflicto trasciende la disputa mediática. Para miles de ciudadanos, el bloqueo de una de las principales arterias de la Ciudad de México solo profundiza la percepción de que la respuesta política privilegia la presión antes que la transparencia.
Hoy la pregunta es simple y contundente:
¿Responderá Jesús Ramírez Cuevas con pruebas y explicaciones públicas… o seguirá dejando que las movilizaciones hablen por él?
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