El pasado 25 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió en su conferencia matutina con una recomendación inusual: que los mexicanos dejaran de ver TV Azteca. El motivo declarado fue la difusión de una campaña del colectivo Mexicanos al Grito de Paz, que señala al gobierno de tener nexos con el crimen organizado. Sheinbaum vinculó esa campaña con el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora, y dejó en claro que, en su opinión, el canal no merece la audiencia del público.
La respuesta de TV Azteca no se hizo esperar: calificó las palabras de la mandataria como un ataque directo a la libertad de prensa. Sheinbaum, por su parte, rechazó esa lectura y sostuvo que se trató de una opinión personal, no de una acción de gobierno.
El episodio, sin embargo, no es un hecho aislado. Para especialistas en libertad de expresión, ilustra una tendencia que lleva años arraigándose en la política mexicana: la confrontación sistemática del poder con los medios que se atreven a cuestionarlo. Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, considera que esta lógica viene desde el sexenio de López Obrador y que Sheinbaum la ha continuado. Un ejemplo concreto es la sección semanal «El Detector de Mentiras», incorporada a las conferencias presidenciales, mediante la cual el gobierno asume el rol de árbitro de la verdad informativa.
Más allá del debate por las declaraciones, el panorama para el periodismo en México es alarmante. El país sigue siendo el más peligroso del continente para ejercer esta profesión. Artículo 19 registró en 2025 un récord de 69 acciones legales contra periodistas y medios, la cifra más alta desde que la organización comenzó a documentar este tipo de casos. Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados y 32 permanecen desaparecidos.
A esto se suma una impunidad casi absoluta: según Martha Ramos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, más del 95% de las agresiones físicas contra comunicadores quedan sin consecuencias judiciales para los responsables.
El marco legal tampoco ayuda. En San Luis Potosí, una nueva normativa faculta a las autoridades para determinar qué contenidos han sido manipulados con inteligencia artificial, una herramienta que, advierten los expertos, puede convertirse fácilmente en un pretexto para criminalizar el periodismo. La semana pasada, tres personas fueron detenidas bajo ese argumento, y existen ocho órdenes de captura adicionales relacionadas con el mismo caso.
El resultado de todo este entorno, coinciden distintas voces consultadas, es la autocensura. Cuando los periodistas operan bajo presión política, amenazas criminales y un sistema judicial que raramente los protege, la información que llega al público inevitablemente se empobrece. Y con ella, la democracia.
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