La censura rara vez se presenta con su verdadero nombre. Ningún gobierno admite abiertamente que pretende controlar lo que publican los medios, limitar las opiniones incómodas o castigar a quienes cuestionan al poder. En lugar de eso, utiliza conceptos aparentemente nobles: protección, regulación, responsabilidad social y, ahora, “derechos de las audiencias”.
La llamada Cuarta Transformación continúa acumulando señales que fortalecen las acusaciones de censura en su contra. Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a determinados medios de intentar extorsionar al Gobierno mediante la amenaza de publicar información desfavorable sobre funcionarios y dependencias.
Posteriormente anunció que llamaría a José Merino para revisar el tema, bajo el argumento de que “se tiene que garantizar el derecho de las audiencias” y permitir que los ciudadanos reclamen cuando consideren que los medios no los informan adecuadamente.
Lejos de tranquilizar, estas declaraciones deberían encender todas las alarmas.
El problema comienza con una pregunta elemental: ¿quién decidirá cuándo una información es adecuada? ¿El ciudadano, los propios medios, una autoridad independiente o el Gobierno que aparece señalado en las publicaciones?
Cuando el poder político pretende convertirse en árbitro de la calidad informativa, el derecho de las audiencias deja de ser una garantía ciudadana y comienza a transformarse en una herramienta para disciplinar medios.
Una autoridad sin facultades para regular contenidos
José Merino dirige la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sin embargo, esta dependencia no cuenta con facultades para verificar, sancionar o regular el cumplimiento de los derechos de las audiencias.
Cualquier intervención de la Agencia en esta materia resultaría especialmente delicada si deriva en restricciones, investigaciones o consecuencias para periodistas, comunicadores y empresas de medios. Una autoridad solamente puede actuar dentro de las atribuciones que la ley le concede. Pretender ampliar esas facultades mediante instrucciones presidenciales abriría la puerta a decisiones arbitrarias y posibles violaciones constitucionales.
La preocupación aumenta porque la Agencia también ha participado en ejercicios relacionados con temas políticos y electorales promovidos por el oficialismo. Entregarle algún tipo de control sobre la información difundida por los medios permitiría confundir dos conceptos que deben permanecer completamente separados: las audiencias y el electorado.
Las audiencias tienen derecho a recibir información diversa.
El Gobierno, en cambio, no tiene derecho a decidir qué información deben recibir para conservar su respaldo político.
El Gobierno como juez de sus propios críticos
La parte más reveladora del discurso presidencial es la vinculación entre los derechos de las audiencias y la publicación de información desfavorable para el Gobierno.
Los derechos de las audiencias fueron incorporados al marco regulatorio bajo la promesa de fomentar el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de México. En teoría, debían fortalecer la diversidad y mejorar la relación entre medios y ciudadanos.
Sin embargo, ahora se presentan como una posible respuesta frente a medios que publican contenidos críticos contra el poder.
Esa asociación exhibe el verdadero peligro.
Si una autoridad considera que una investigación periodística, una columna de opinión o una cobertura incómoda puede constituir una afectación a las audiencias, entonces cualquier crítica gubernamental podría ser examinada bajo criterios políticos disfrazados de criterios técnicos.
El Gobierno sería simultáneamente el sujeto cuestionado, la autoridad reguladora y el juez encargado de determinar si la publicación fue “adecuada”.
Eso no es protección de las audiencias.
Es control de la narrativa pública.
La censura preventiva ya comenzó en los medios públicos
El riesgo dejó de ser solamente teórico cuando los defensores de las audiencias de Canal Once y Canal Catorce informaron que no transmitirían una entrevista realizada por Sabina Berman a Eduardo Verástegui.
La decisión fue justificada mediante presuntas afectaciones relacionadas con la discriminación, la igualdad de género y el interés superior de la niñez.
Las opiniones de Verástegui pueden resultar polémicas, cuestionables, conservadoras o incluso profundamente rechazables para numerosos sectores. Sin embargo, el centro del debate no debe ser si sus posturas agradan o incomodan.
El problema es que los defensores de las audiencias asumieron facultades para impedir preventivamente la transmisión de una entrevista.
Su función debería consistir en recibir reclamaciones, revisar contenidos ya difundidos, promover explicaciones y facilitar mecanismos de respuesta. No deberían convertirse en censores capaces de decidir anticipadamente qué puede conocer la sociedad y qué debe permanecer oculto.
Impedir la difusión de una entrevista no solamente limita el derecho del entrevistado a expresar sus ideas. También restringe el derecho de los ciudadanos a conocerlas, analizarlas, rechazarlas, cuestionarlas o debatirlas.
La libertad de expresión no existe únicamente para proteger opiniones populares, cómodas o coincidentes con la ideología dominante. Su verdadera importancia aparece cuando protege expresiones que generan rechazo, controversia o confrontación.
Hoy censuran a un conservador; mañana, a cualquiera
Algunos podrían justificar la cancelación de la entrevista porque no coinciden con Verástegui. Esa reacción es comprensible desde la confrontación política, pero peligrosa desde la perspectiva democrática.
La censura nunca permanece limitada al adversario inicial.
Hoy se utiliza contra una figura conservadora. Mañana podría emplearse contra periodistas, académicos, activistas, empresarios, opositores o incluso contra voces de izquierda que se atrevan a cuestionar al Gobierno.
El precedente es más importante que la persona censurada.
Cuando una institución pública adquiere la capacidad práctica de decidir qué opiniones pueden transmitirse, se crea una estructura de control que posteriormente puede utilizarse contra cualquier expresión incómoda.
No importa quién sea el primer afectado. Importa quién controlará esa herramienta y con qué criterios podrá aplicarla.
De garantía ciudadana a instrumento oficialista
Durante años, diversos sectores académicos y políticos defendieron los derechos de las audiencias como una figura indispensable para mejorar los contenidos y proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos mediáticos.
Sin embargo, muchas de esas defensas minimizaron una advertencia fundamental: cualquier mecanismo regulatorio sobre la información puede convertirse en una herramienta de censura cuando queda bajo la influencia del poder político.
Eso es precisamente lo que comienza a observarse.
El oficialismo parece concebir los derechos de las audiencias no como un mecanismo para ampliar el pluralismo, sino como una vía para supervisar contenidos, frenar discursos considerados inconvenientes y contener información crítica.
Bajo este modelo, la autoridad podría presentarse como protectora de los ciudadanos mientras limita aquello que los ciudadanos tienen permitido escuchar.
La contradicción es evidente.
No se protege a una audiencia ocultándole información.
No se fomenta el pluralismo cancelando entrevistas.
No se fortalece la democracia permitiendo que el Gobierno determine qué periodismo es adecuado.
La censura con lenguaje democrático
El mayor peligro no está solamente en una entrevista cancelada o en una declaración presidencial. Está en la normalización de una idea: que el Gobierno puede intervenir en la conversación pública para garantizar que los ciudadanos sean informados “correctamente”.
La palabra “correctamente” puede convertirse en la puerta de entrada a todo tipo de abusos.
¿Será incorrecta una nota porque contiene errores verificables o porque incomoda a Palacio Nacional?
¿Será inadecuada una opinión porque discrimina o porque cuestiona al partido gobernante?
¿Quién distinguirá entre una defensa legítima de los derechos ciudadanos y un intento de silenciar críticas?
Mientras esas decisiones permanezcan vinculadas al poder político, no existirán garantías suficientes.
El Gobierno está construyendo un modelo en el que la censura puede aplicarse sin llamarla censura. Bastará con afirmar que se protege a las audiencias, se combate la desinformación o se garantiza una comunicación responsable.
Pero el resultado será el mismo: menos voces, menos debate y más control institucional sobre la información.
Los derechos de las audiencias deberían servir para ampliar las posibilidades de participación de los ciudadanos, no para reducir la libertad de periodistas y comunicadores.
Cuando una garantía destinada a proteger a la sociedad termina protegiendo al Gobierno de las críticas, deja de ser un derecho.
Se convierte en censura.
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