Hay gobiernos que terminan construyendo sus propios monumentos. Algunos son de concreto, otros de acero y otros simplemente están hechos de promesas. Morena llegó al poder en 2018 asegurando que sabía perfectamente qué estaba mal con México y, sobre todo, cómo arreglarlo. Después de casi ocho años gobernando el país, ya existe suficiente distancia para comparar aquellas promesas con los resultados. Y el balance permite elaborar un largo inventario de proyectos que terminaron muy lejos de aquello que originalmente se anunció.
El episodio más reciente se llama Conectividad para el Bienestar. El programa nació para entregar tarjetas SIM gratuitas con internet, llamadas y mensajes a habitantes de zonas prioritarias. Entre 2024 y 2025 incorporó a 3 millones 28 mil 665 usuarios y acumuló una inversión de 2 mil 759 millones de pesos. El problema apareció cuando llegó el momento menos vistoso de cualquier política pública: pagar para mantenerla funcionando. La falta de recursos llevó a Promtel a cancelar 2 millones 222 mil líneas que llevaban 90 días sin actividad y, según el informe citado por Expansión, el dinero disponible para el programa se agotó el 19 de octubre de 2025. Las solicitudes de capital adicional tampoco fueron autorizadas y CFE terminó absorbiendo temporalmente costos para mantener el servicio hasta diciembre.
Ahora ni siquiera existe certeza sobre la continuidad del esquema. CFE informó que ya no es proveedor del programa y las partidas presupuestales disponibles no identifican con claridad cuánto dinero habrá específicamente para mantener Conectividad para el Bienestar. El propio proyecto que buscaba reducir la brecha digital terminó demostrando algo bastante elemental: regalar una tarjeta SIM es relativamente sencillo; diseñar una política sostenible durante años es otra cosa.
Y no es la primera vez que una política emblemática de los gobiernos de Morena acaba modificada, sustituida o enfrentando problemas severos después de haber sido presentada como una solución definitiva.
Ahí está el INSABI. Fue creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como sustituto del Seguro Popular y desapareció apenas unos años después. En mayo de 2023 se reformó la Ley General de Salud para transferir sus funciones al IMSS-Bienestar y comenzar formalmente su extinción. Durante ese periodo, además, el acceso efectivo a los servicios de salud siguió siendo un problema de enormes dimensiones: CONEVAL reportó que en 2022 había 50.4 millones de mexicanos con carencia de acceso a servicios de salud y señaló problemas estructurales como fragmentación del sistema, baja inversión e insuficiencia de bienes y servicios.
Está también Segalmex, quizá el caso que más daño hizo al discurso de que la corrupción desaparecería por decreto. El propio gobierno federal reconoció una crisis administrativa y actos que ameritaron investigaciones penales. En septiembre de 2024 informó que, de 9 mil 500 millones de pesos originalmente observados correspondientes a las cuentas públicas de 2019 y 2020, alrededor de 4 mil 700 millones habían sido aclarados, 2 mil 100 millones seguían en revisión y 2 mil 700 millones no habían sido aclarados y constituían, de acuerdo con la exposición oficial de entonces, un monto de daño patrimonial por el que se presentaron denuncias ante la FGR. También se recuperaron 955 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles.
Está el Tren Maya, cuyo recorrido presupuestal y contractual ha sido objeto de numerosas auditorías. La ASF siguió encontrando observaciones en la Cuenta Pública 2024; en una de ellas se documentó, por ejemplo, un reintegro de más de 21 millones de pesos relacionado con pagos en exceso en trabajos del Tramo 5 Sur. En otra revisión previa se detectaron materiales adquiridos para el Tramo 2 que terminaron almacenados después de modificaciones al proyecto. Eso no significa que toda la obra pueda reducirse a esas observaciones —millones de pasajeros y la infraestructura construida también forman parte de cualquier balance—, pero sí demuestra la distancia entre la narrativa de ejecución impecable y la complejidad que posteriormente aparece en las auditorías.
Dos Bocas ofrece una historia distinta, aunque igualmente útil para medir promesas contra tiempos reales. En 2019 el gobierno planteó que la refinería tendría capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. La instalación tardó años en acercarse a ese ritmo. Pemex reportó que en agosto de 2026 procesaba en promedio 248 mil barriles diarios y señaló que había alcanzado momentáneamente los 340 mil en abril, defendiendo que las variaciones se explicaban por mantenimiento y por el proceso de estabilización. Es una precisión importante: la refinería actualmente sí produce y Pemex reporta avances sustanciales. Pero también sirve para recordar cuántas veces el calendario político corrió considerablemente más rápido que el calendario industrial.
Incluso la política de conectividad presenta ahora dos problemas simultáneos. Además de las dificultades presupuestales de Conectividad para el Bienestar, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos experimentó durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum una caída de 74.3% en puntos de recarga y una desaceleración en la habilitación de puntos WiFi, en un contexto de fuerte reducción presupuestaria, de acuerdo con información publicada por Expansión esta misma semana.
No todos estos episodios son iguales. Un caso de corrupción investigado penalmente no es comparable jurídicamente con una obra que tardó en alcanzar su capacidad, ni una institución desaparecida equivale automáticamente a una política pública sin resultados. Meterlos todos en la misma bolsa sería intelectualmente cómodo, pero poco serio.
Lo que sí comparten es algo más interesante: revelan los costos de gobernar cuando la propaganda promete soluciones definitivas para problemas que en realidad exigen planeación, presupuesto, instituciones, controles y continuidad.
Ese parece ser el verdadero hilo conductor. Segalmex debía demostrar que era posible administrar recursos públicos sin repetir los vicios del pasado. El INSABI pretendía transformar la atención médica. Dos Bocas debía acelerar la autosuficiencia energética. El Tren Maya prometió infraestructura y desarrollo regional con una ejecución extraordinariamente rápida. Internet para Todos y Conectividad para el Bienestar buscaban convertir el acceso digital en un derecho efectivo para millones.
Los resultados de cada proyecto son distintos y algunos continúan operando o mejorando. Pero también dejaron irregularidades, correcciones, retrasos, cambios institucionales o problemas presupuestarios suficientemente importantes como para formar parte de cualquier evaluación seria de los gobiernos de Morena.
Por eso la historia de Conectividad para el Bienestar importa más allá de los 2.2 millones de líneas canceladas. Es otro recordatorio de una regla que ningún partido puede derogar: anunciar una política pública no es lo mismo que financiarla, administrarla y mantenerla funcionando.
Morena llegó al gobierno prometiendo demostrar que podía hacerlo de otra manera. Después de años de administración federal, ya no corresponde juzgar solamente sus intenciones. Corresponde revisar expedientes, auditorías, presupuestos y resultados.
Y ahí es donde el discurso inevitablemente se encuentra con la realidad.
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