El Instituto Nacional Electoral nació para ser árbitro, no acompañante del gobierno. Su obligación no es cuidar a Morena, ni a la oposición, ni administrar políticamente las consecuencias de sus decisiones: es garantizar elecciones equitativas y aplicar las mismas reglas a todos.
Pero una serie de resoluciones y controversias vuelve inevitable una pregunta cada vez más incómoda:
¿El INE sigue funcionando como contrapeso independiente o está normalizando criterios que terminan favoreciendo al partido que concentra el poder?
Uno de los antecedentes más controvertidos ocurrió después de las elecciones federales de 2024.
Morena, PT y Partido Verde obtuvieron alrededor del 54% de la votación considerada en aquella discusión, pero la asignación de diputaciones terminó otorgando a los partidos de la coalición una mayoría constitucional muy superior a ese porcentaje. El Consejo General rechazó interpretar el límite constitucional de sobrerrepresentación tomando a la coalición como una sola fuerza y aplicó el límite individualmente a cada partido.
Dentro del propio INE hubo voces que advirtieron que los ciudadanos no habían entregado en las urnas una mayoría de esas dimensiones.
Legalmente podrá discutirse durante años.
Políticamente, el resultado es incontestable: Morena y sus aliados recibieron una mayoría legislativa mucho mayor que su porcentaje de votos.
Y el árbitro electoral avaló la fórmula.
CUANDO MORENA EMPUJÓ LOS LÍMITES, EL INE LLEGÓ DESPUÉS
El problema tampoco termina en 2024.
En julio de 2026, el propio consejero electoral Arturo Castillo reconoció públicamente que la práctica de realizar procesos políticos anticipados había comenzado con Morena desde 2023 y posteriormente había sido imitada por PAN y PRI.
El consejero incluso advirtió que esta clase de procesos puede representar un riesgo para la equidad electoral y planteó adelantar su fiscalización y restringir la participación de aspirantes en tiempos oficiales.
La pregunta es elemental:
Si desde 2023 se observaba un mecanismo capaz de poner en riesgo la equidad, ¿por qué las reglas llegan cuando el modelo ya fue utilizado exitosamente?
Morena abrió camino con sus famosas “corcholatas”.
Después los demás aprendieron la fórmula.
Y el árbitro empezó a discutir cómo cerrar la puerta cuando el caballo ya había salido del establo.
DENUNCIAS CONTRA MORENA: SIN MEDIDAS CAUTELARES
Otro episodio ocurrió en abril de 2026.
Veinticinco personas denunciaron que aparecían afiliadas a Morena sin haber otorgado su consentimiento y solicitaron medidas cautelares para que su afiliación fuera reconocida a favor de otra organización política durante el proceso de creación de nuevos partidos.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedentes las medidas solicitadas, argumentando que existía un procedimiento específico para resolver las duplicidades.
El INE puede defender jurídicamente esa resolución.
Pero para el ciudadano común el escenario resulta desconcertante: personas dicen no haber autorizado su militancia en el partido gobernante y la respuesta inmediata de la autoridad no es separarlas provisionalmente del padrón, sino enviarlas al procedimiento correspondiente.
Y aquí aparece nuevamente el problema de fondo:
¿La autoridad electoral está privilegiando la protección efectiva del ciudadano o la estabilidad administrativa de los partidos?
A LA NUEVA OPOSICIÓN, HASTA EL NOMBRE Y EL COLOR
El contraste se vuelve todavía más explosivo con Somos México.
El INE autorizó su registro como partido, pero condicionó elementos centrales de su identidad: nombre, emblema y color rosa. El conflicto llegó hasta el Tribunal Electoral, que terminó respaldando las restricciones.
La decisión provocó incluso una disidencia del magistrado Reyes Rodríguez, quien consideró que las restricciones carecían de suficiente respaldo legal. Somos México terminó obligado a modificar la identidad política que había construido durante su proceso de organización.
Durante la discusión dentro del propio INE también hubo consejerías que sostuvieron expresamente que “Somos México”, su emblema y sus colores sí cumplían con la normatividad electoral.
Es decir, ni siquiera dentro del árbitro existía consenso sobre la necesidad de imponer esas restricciones.
La imagen política es demoledora:
Mientras Morena lleva años tensionando los límites electorales desde una posición de poder, una nueva fuerza opositora tuvo que pelear hasta por su nombre y sus colores.
Eso puede tener una explicación jurídica.
Lo que resulta cada vez más difícil es explicar la percepción de doble rasero.
Y LA ELECCIÓN JUDICIAL DEJÓ OTRA HERIDA
La elección judicial de 2025 agregó otro episodio.
El propio INE recibió 29 denuncias relacionadas con los llamados “acordeones”, listas o guías que indicaban por quién votar. El Instituto reconoció la existencia del fenómeno y adoptó medidas para inhibir su distribución.
Documentación del propio procedimiento electoral recogió publicaciones periodísticas y contenidos en redes donde personas y cuentas identificadas como cercanas o simpatizantes de Morena difundían listas de candidaturas judiciales recomendadas.
Meses después, el consejero Martín Faz reconoció que no se había determinado quién produjo los acordeones, aunque sí se acreditó que determinadas candidaturas resultaron beneficiadas; también señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización inicialmente había considerado infundadas las quejas y que el Consejo estuvo “a un voto” de no sancionar.
Otra vez, el problema no es únicamente jurídico.
Es institucional.
Una operación capaz de orientar el voto en la inédita elección del Poder Judicial terminó sin que la autoridad pudiera establecer claramente quién financió y organizó la producción de ese material.
Para un organismo encargado de vigilar dinero, propaganda y equidad electoral, no es un detalle menor.
EL INE TAMBIÉN HA GOLPEADO A MORENA
Sería incorrecto borrar los hechos que contradicen la tesis de una protección absoluta.
El Instituto ha iniciado procedimientos de fiscalización contra Morena, lo ha sancionado y también tomó decisiones adversas para organizaciones cercanas al movimiento gobernante.
En 2026, por ejemplo, el INE negó el registro a “Que Siga la Democracia” por irregularidades; un consejero informó incluso de un intento de soborno contra una funcionaria electoral durante una asamblea.
También existen numerosos procedimientos sancionadores y de fiscalización abiertos contra Morena y sus candidaturas.
Por eso afirmar simplemente que “el INE obedece todas las órdenes de Morena” sería reducir un problema institucional mucho más complejo.
La acusación realmente grave es otra.
UN ÁRBITRO NO SÓLO DEBE SER IMPARCIAL: DEBE PARECERLO
La democracia no se destruye únicamente cuando un árbitro recibe instrucciones de un partido.
También se deteriora cuando sus criterios generan sistemáticamente sospechas de tratamientos diferentes según quién esté del otro lado del escritorio.
Cuando una fuerza política concentra la Presidencia, grandes mayorías legislativas, numerosas gubernaturas y una enorme capacidad de comunicación pública, el árbitro debería elevar sus estándares de independencia.
No bajarlos.
El INE tiene la obligación de demostrar que Morena recibe exactamente el mismo escrutinio que cualquier adversario.
Sin indulgencias.
Sin interpretaciones convenientes.
Sin reglas que aparecen después de que el oficialismo ya obtuvo ventaja.
Y sin utilizar toda la fuerza regulatoria del Estado contra quienes intentan competir con él mientras se actúa con extrema prudencia frente al partido gobernante.
Porque el problema ya no es únicamente Morena.
Es la credibilidad del árbitro.
Y un INE cuya independencia comienza a ponerse sistemáticamente en duda corre el riesgo de dejar de ser visto como garante de la democracia para empezar a ser percibido como administrador electoral del poder.
Esa percepción debería encender todas las alarmas.
Porque México ya conoció durante décadas lo que ocurre cuando el gobierno tiene partido, mayoría y árbitro.
La pregunta es si estamos permitiendo que la historia empiece a repetirse.
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