Ocho de cada diez personas que participaron en la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se pronunciaron en contra. El mensaje difícilmente podría ser más claro: una mayoría amplia considera que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, el gobierno podría terminar imponiendo controles sobre los contenidos y restringiendo la libertad de expresión.
Las consultas suelen presentarse como una de las expresiones más puras de la democracia participativa. Sin embargo, su valor depende de algo elemental: que quienes las convocan estén realmente dispuestos a escuchar sus resultados. Cuando solo sirven para legitimar decisiones tomadas de antemano, dejan de ser mecanismos de participación y se convierten en ejercicios de simulación.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo varios ejemplos de consultas con cuestionamientos sobre su alcance y representatividad. La del Aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, no tuvo carácter nacional y apenas participó alrededor del 1.2% del padrón electoral. Otro ejercicio, destinado a respaldar proyectos y programas prioritarios del gobierno, reportó una aprobación cercana al 90%, aunque con una participación igualmente reducida.
También se consultó la construcción de una termoeléctrica en Morelos, en un proceso acompañado de fuertes cuestionamientos. En Mexicali, una consulta sobre una planta cervecera terminó respaldando su cancelación. Posteriormente se realizó el ejercicio para decidir si debían investigarse decisiones de actores políticos del pasado, pero la participación de apenas 7.7% del padrón impidió que tuviera efectos vinculantes.
En 2022 llegó la revocación de mandato. El gobierno resaltó que más de 90% de quienes votaron apoyaron la permanencia del presidente, pero la participación total fue de apenas 17.7% de la lista nominal.
Ya durante la administración de Claudia Sheinbaum, la discusión pública en torno a la reforma judicial volvió a dejar la impresión de que los espacios de consulta tenían poco margen para modificar decisiones previamente encaminadas. La reforma terminó aprobándose prácticamente en los términos planteados.
Una propuesta que encendió las alarmas
Ese antecedente pesa ahora sobre la consulta de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
Desde que se conoció la propuesta, especialistas, organizaciones civiles, concesionarios de radio y televisión, académicos y analistas advirtieron sobre disposiciones que, desde su perspectiva, pueden abrir la puerta a una intervención excesiva del Estado en los contenidos de los medios. De ahí que sus críticos hayan comenzado a referirse a ella como una posible «ley censura».
Las objeciones se concentran principalmente en tres aspectos.
El primero es la posibilidad de que una autoridad gubernamental intervenga para valorar si determinada información es falsa, insuficiente o está descontextualizada. El problema no es menor: conceder al Estado la capacidad de establecer qué información cumple con determinados estándares de veracidad implica colocar al gobierno en una posición especialmente delicada frente a los medios.
El segundo punto es la obligación de diferenciar de manera estricta entre información y opinión. Aunque en teoría parece razonable, en la práctica puede convertirse en una vía para intervenir en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a periodistas y medios de comunicación.
El tercer elemento son las sanciones. Los críticos advierten que multas elevadas, aplicadas por un organismo vinculado al Ejecutivo, pueden generar un efecto inhibidor incluso antes de que exista una sanción formal. El riesgo no sería solamente la censura directa, sino algo posiblemente más eficaz: la autocensura.
Un resultado difícil de ignorar
Ante las críticas, se abrió una consulta pública dirigida a ciudadanos, académicos, concesionarios, organizaciones civiles y especialistas.
La plataforma habilitada para recibir las opiniones, sin embargo, hacía difícil conocer el sentido general de las participaciones. No existían herramientas claras para buscar, clasificar o agrupar los comentarios.
La Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recopiló y sistematizó 8,889 participaciones. Los resultados muestran un rechazo ampliamente mayoritario.
El 82.2% de los comentarios se manifestó en contra de los lineamientos. Solo 9.7% expresó una postura favorable. Un 6.1% planteó posiciones mixtas y alrededor de 2% no fijó claramente una postura.
Es decir, más de ocho de cada diez participantes rechazaron la propuesta.
El argumento más frecuente fue precisamente el temor a la censura. Aproximadamente 66% de las participaciones advirtió que los lineamientos podrían convertirse en un mecanismo para limitar la libertad de expresión, aunque la palabra «censura» no aparezca explícitamente en el documento.
Otro 34.2% cuestionó la idea misma de que el Estado deba asumir una función paternalista frente a las audiencias. Muchos participantes señalaron que los ciudadanos no necesitan que el gobierno decida por ellos qué información pueden consumir o cómo deben interpretarla.
Un 24.6% cuestionó además que una autoridad pueda atribuirse la facultad de determinar qué información es verdadera.
El 14.8% puso el foco en la falta de autonomía de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Para quienes expresaron esta preocupación, entregar facultades de supervisión y sanción a una institución dependiente del Ejecutivo significa permitir que el propio gobierno actúe como juez y parte.
También hubo una crítica especialmente reveladora: 11.5% de los comentarios cuestionó que las exigencias de veracidad recaigan sobre los medios concesionados, pero no sobre la comunicación institucional del propio gobierno. Más de mil participaciones plantearon, de una forma u otra, esa contradicción.
No fueron solamente comentarios
La participación tampoco se limitó a mensajes breves. Se presentaron 271 documentos adjuntos que, en conjunto, sumaron más de 2,500 páginas.
Entre ellos hubo posicionamientos de organizaciones civiles, universidades, colegios profesionales, cámaras empresariales y medios de comunicación. Algunos no se limitaron a rechazar la propuesta, sino que presentaron alternativas concretas para modificar los lineamientos y establecer mayores garantías para la libertad de expresión.
Eso vuelve todavía más relevante lo que ocurra a continuación.
El gobierno ya recibió las opiniones. Recibió críticas, argumentos jurídicos, propuestas de modificación y advertencias sobre los riesgos de entregar a una autoridad política facultades capaces de incidir sobre los contenidos de los medios.
Ahora tendrá que decidir si la consulta fue realmente una consulta.
Porque cuando 82.2% de quienes participan rechaza una propuesta, ignorar el resultado significaría enviar un mensaje difícil de justificar: que la participación ciudadana es bienvenida solamente cuando coincide con lo que el poder ya decidió.
La verdadera prueba no era organizar la consulta. Era aceptar la posibilidad de que la ciudadanía dijera que no.
Y la ciudadanía dijo que no.
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