El Tren Interoceánico volvió a estar bajo la lupa luego de que un convoy de carga se descarrilara en el mismo tramo donde, en diciembre de 2025, un accidente dejó 14 personas muertas y más de un centenar de heridos.
El incidente ocurrió en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, entre Nizanda y Chivela, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, una zona que ya había sido señalada por su complejidad operativa y donde las autoridades habían establecido restricciones de velocidad tras la tragedia anterior.
Aunque en esta ocasión no hubo personas lesionadas, el nuevo percance reabrió una pregunta que permanece en el debate público: ¿fueron suficientes las investigaciones sobre las condiciones de infraestructura y los contratos relacionados con una de las obras insignia de la Cuarta Transformación?
La investigación cerró sin señalar a Gonzalo López Beltrán
Tras el accidente de diciembre, diversos sectores de oposición denunciaron posibles irregularidades en la construcción y supervisión del proyecto, incluyendo señalamientos sobre contratos de materiales utilizados en la obra.
Entre los nombres mencionados estuvo Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue presentado por su padre como supervisor honorario del proyecto.
Sin embargo, la investigación concluida por la Fiscalía General de la República, encabezada entonces por Ernestina Godoy, no incluyó responsabilidades contra López Beltrán ni contra funcionarios de alto nivel relacionados con la supervisión política de la obra.
La fiscalía determinó que la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad del tren, dejando fuera de responsabilidad penal posibles fallas de infraestructura o de supervisión.
Un proyecto emblemático bajo presión
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue presentado como uno de los grandes proyectos estratégicos del gobierno de la 4T, con la promesa de conectar los océanos Pacífico y Atlántico e impulsar el desarrollo económico del sureste mexicano.
Pero los accidentes, las denuncias de organizaciones locales y los cuestionamientos sobre contratos han mantenido abierta la discusión sobre la calidad de la obra y los mecanismos de vigilancia utilizados.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) ha señalado desde años atrás posibles problemas relacionados con materiales y trabajos realizados en la vía, mientras que autoridades han sostenido que las revisiones técnicas cumplen con la normativa.
La pregunta que vuelve al debate
El nuevo descarrilamiento no provocó víctimas, pero sí volvió a poner sobre la mesa un tema incómodo para el gobierno: la confianza en la seguridad y transparencia de una obra considerada estratégica.
Mientras la administración federal sostiene que los incidentes responden a factores operativos y ajustes técnicos, críticos del proyecto exigen revisar nuevamente si hubo fallas de planeación, supervisión o manejo de recursos.
A casi un año de la tragedia que cobró 14 vidas, el debate continúa: ¿se investigaron todas las posibles responsabilidades o quedaron pendientes respuestas sobre la construcción y vigilancia del Tren Interoceánico?
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