Durante años Morena tuvo una ventaja que ningún programa social podía comprar y ninguna alianza electoral podía fabricar: no era el PRI.
Parecía suficiente.
El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador podía cometer errores, acumular contradicciones, reclutar antiguos priistas, panistas y perredistas y, aun así, presentarse como la alternativa frente a “los de antes”. El pasado era siempre peor y Morena era, por definición, la esperanza.
Algo empieza a cambiar.
La encuesta nacional de Mitofsky levantada en agosto no muestra, conviene aclararlo, un desplome electoral de Morena. Su preferencia partidista prácticamente no se mueve: pasa de 33.5 por ciento en agosto de 2025 a 33.4 por ciento en agosto de 2026. El bloque formado por Morena, Verde y PT incluso aumenta de 39.6 a 41.7 por ciento. Quien anuncie desde ahora la derrota del oficialismo estará leyendo una encuesta distinta.
Pero hay otro número bastante menos cómodo.
En apenas un año, el porcentaje de mexicanos que afirma que nunca votaría por Morena pasó de 24.6 a 36.1 por ciento. Son 11.5 puntos adicionales de rechazo. Su opinión positiva bajó además de 56 a 49 por ciento, mientras la negativa aumentó de 23.9 a 34.9 por ciento.
Morena sigue teniendo muchos simpatizantes.
Ahora también empieza a fabricar enemigos.
Y quizá ese sea el dato políticamente más interesante rumbo a 2027.
Durante buena parte de su historia, Morena pudo vivir del contraste. Cuando surgía un escándalo, la respuesta habitual era recordar algún escándalo mayor del PRI. Cuando aparecía una acusación de corrupción, bastaba mencionar a algún expresidente. Cuando alguien cuestionaba la austeridad de un funcionario, se invocaban los excesos del pasado.
El problema de gobernar durante muchos años es que llega un momento en que el pasado deja de ser una coartada particularmente novedosa.
Morena gobierna el país desde 2018 y controla buena parte del poder político nacional. En las elecciones de 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y miles de cargos locales; 12 de esas gubernaturas están actualmente en manos de Morena. Ya no resulta sencillo presentarse simultáneamente como el partido que gobierna y como el movimiento que lucha contra quienes gobiernan.
Los números permiten identificar algunos focos de desgaste, aunque sería incorrecto afirmar que cualquiera de ellos explica por sí solo los 11.5 puntos de aumento en el rechazo.
El primero es la corrupción.
Otra medición de Mitofsky, publicada en agosto, encontró que 86.4 por ciento de los entrevistados considera que existe mucha o regular corrupción en el gobierno, frente a 78.5 por ciento un año antes. No significa que ese 86.4 por ciento responsabilice exclusivamente a Morena ni que todos esos ciudadanos sean opositores. Sí significa que la promesa de purificación de la vida pública convive con una percepción de corrupción extraordinariamente elevada.
Y aquí aparece una paradoja incómoda.
Morena llegó al poder porque convenció a millones de mexicanos de que no era como los demás. Si termina siendo juzgado con los mismos parámetros que sus adversarios, pierde precisamente aquello que durante años constituyó su activo político más valioso: la superioridad moral que reivindicaba.
Después está la seguridad.
En julio de 2026, 52.6 por ciento de los ciudadanos entrevistados por Mitofsky señaló la inseguridad como el problema que más preocupa a su familia. Es verdad que la cifra mejoró frente al 61.1 por ciento registrado un año antes. También es verdad que continúa siendo, por una distancia considerable, la principal preocupación nacional.
El tema se vuelve particularmente delicado cuando se mezcla con la política.
El propio INE ha puesto en el centro de la discusión rumbo a 2027 el riesgo de infiltración del crimen organizado en las candidaturas. La preocupación no es exclusiva de Morena —el problema puede alcanzar a cualquier partido—, pero para el oficialismo el costo potencial es mayor porque administra la mayor parte de los gobiernos estatales que estarán en disputa.
Sinaloa se ha convertido en uno de los ejemplos políticamente más tóxicos.
Las controversias alrededor del exgobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza han provocado incluso distanciamientos dentro del propio oficialismo. Inzunza ha enfrentado señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses que él no tiene por qué aceptar como ciertos mientras no exista una resolución judicial; precisamente por eso resulta importante distinguir acusaciones de culpabilidad. Pero políticamente la existencia misma de investigaciones y disputas públicas genera un costo que Morena parece haber reconocido al marcar distancia de esas figuras.
Está también el problema de los personajes que contradicen el relato.
Andrés Manuel López Beltrán es quizá el caso más evidente. El hijo del expresidente se ha convertido en objeto recurrente de controversias por señalamientos de presunta corrupción, relaciones empresariales y contrabando de combustibles. Varias de esas acusaciones siguen siendo discutidas y algunas carecen de prueba judicial concluyente. Eso debe decirse. Pero electoralmente existe otra realidad: cuando un movimiento construye su identidad alrededor de la austeridad, el nepotismo y los privilegios dejan de ser simples asuntos personales y se convierten en contradicciones narrativas.
Algo similar ocurre cuando surgen investigaciones internacionales contra políticos del partido.
N+ publicó documentos según los cuales la senadora con licencia Julieta Ramírez sostuvo conversaciones con fiscales estadounidenses mediante un proffer agreement para proporcionar información dentro de una investigación. El medio reportó posteriormente que la investigación estadounidense se remonta a 2022. El acuerdo no equivale por sí mismo a una condena ni demuestra los delitos que eventualmente se investiguen, pero difícilmente representa el tipo de noticia que un partido desea leer cuando comienza una campaña electoral.
Y después está el bolsillo.
La economía todavía no desplaza a la inseguridad como principal preocupación, pero está creciendo rápidamente en importancia. En un año, el porcentaje que menciona los problemas económicos como su principal preocupación familiar pasó de 20.1 a 27.6 por ciento.
La inflación general se encontraba en agosto en 3.26 por ciento anual, una cifra muy distinta de las crisis inflacionarias de otros momentos de la historia mexicana, pero los ciudadanos no votan consultando únicamente índices macroeconómicos. Votan también comparando lo que ganan con lo que cuesta llenar el refrigerador, pagar renta, transporte y servicios.
Nada de esto significa que Morena esté derrotado.
Al contrario.
La misma encuesta que registra su deterioro demuestra por qué sería absurdo afirmarlo: Morena conserva 33.4 por ciento de preferencia y, acompañado por Verde y PT, su bloque llega a 41.7 por ciento. Sus adversarios continúan fragmentados y algunos cargan todavía con niveles superiores de rechazo. El PRI sigue siendo el partido por el que más ciudadanos dicen que nunca votarían, con 48.7 por ciento, y el PAN registra 44.1 por ciento.
El oficialismo conserva, por tanto, una enorme ventaja: sus adversarios todavía generan más rechazo que él.
Pero la tendencia resulta difícil de ignorar.
Durante años Morena ganaba dos veces: tenía electores que querían votar por él y relativamente pocos que estaban decididos a votar contra él.
La segunda ventaja se está reduciendo.
Tal vez sea consecuencia del desgaste natural del poder. Quizá influyan la inseguridad, la percepción de corrupción, las contradicciones con la austeridad prometida, los escándalos de algunos dirigentes, las disputas internas y una economía que preocupa cada vez más a las familias. Las encuestas disponibles muestran que todos esos problemas existen; no permiten, sin embargo, repartir matemáticamente los 11.5 puntos de aumento del rechazo entre cada uno de ellos.
Hay una explicación todavía más sencilla.
Morena prometió ser diferente.
Después de ocho años en el poder, una parte creciente de los mexicanos parece estar empezando a juzgarlo no por aquello que prometió ser, sino por aquello que ha hecho.
Y esa suele ser una experiencia desagradable para cualquier partido gobernante.
El PRI tardó décadas en descubrirlo.
Morena quizá lo esté aprendiendo bastante más rápido.
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