Claudia Sheinbaum ha convertido el «cero impunidad» en una de las frases más repetidas de sus mañaneras. La usó al hablar de Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, acusada de peculado, y de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, señalada de simular su propio secuestro para exigir 40 millones de pesos del erario y así tapar un presunto desfalco. En ambos casos fue categórica: en México no hay espacio para la impunidad, sin importar el partido o el cargo del servidor público.
Y para que la frase no quedara solo en discurso, presumió resultados: citó los casos de los alcaldes de Cuautla, Morelos, y Tequila, Jalisco, donde el Gobierno Federal sí intervino, sí investigó y sí detuvo, al considerar que existían elementos suficientes para actuar. Incluso se atribuyó el mérito de que esas acciones redujeran homicidios y extorsiones. El mensaje fue claro: aquí no se protege a nadie.
Entonces, ¿por qué en Guamúchil el gobierno de Sheinbaum se ha quedado callado?
Telmex, Megacable y Totalplay ya denunciaron ante la FGR que la administración de la alcaldesa Guadalupe López González, de Morena, les impuso multas y cobros que suman más de mil 500 millones de pesos, al disfrazar de «obra en la vía pública» el cableado que las empresas tienen instalado sobre postes de la CFE —un rubro que, por ley, es competencia exclusivamente federal. Las empresas denuncian, además, cortes de cableado como forma de presión y «descuentos» ofrecidos a cambio de que aceptaran pagar. Es, en los hechos, el mismo guion que el propio gobierno federal describió al hablar de Tequila: cuotas excesivas, multas fabricadas y una autoridad municipal usando el aparato público para sacarle dinero a particulares.
La diferencia no está en la gravedad del caso —mil 500 millones de pesos es una cifra que supera, y por mucho, lo que estaba en juego en Cuautla o en Tequila—. La diferencia está en la velocidad de reacción del gobierno federal. En Tequila hubo detención del alcalde en cuestión de semanas. En Guamúchil, las denuncias llevan ya semanas acumulándose, hay un punto de acuerdo del diputado federal Mario Zamora exhortando a la FGR y a la SICT a intervenir, hay una senadora, Paloma Sánchez, acusando públicamente a la alcaldesa y a su director de Obras Públicas de dedicarse a extorsionar, y del Gobierno Federal solo ha habido silencio.
Ese silencio no es neutral. Cuando la Presidenta insiste en que antes de actuar debe haber «pruebas contundentes» y no solo señalamientos, lo dice para casos de alcaldes de oposición o de un partido aliado incómodo; pero frente a una alcaldesa morenista, cercana al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ese mismo estándar de cautela se convierte, en los hechos, en parálisis. No se trata de exigir un veredicto anticipado —eso también sería un abuso—, sino de exigir que la Federación haga lo mínimo que ya hizo en otros casos: abrir la investigación, activar a la FGR y a la SICT, y dejar de tratar como asunto menor un esquema que las propias empresas afectadas documentan y cuantifican en mil 500 millones de pesos.
Si el criterio real fuera «cero impunidad, sin importar el partido», Guamúchil ya sería noticia en la mañanera, como lo fueron Cuautla y Tequila. El hecho de que no lo sea dice más del gobierno de Sheinbaum que cualquier discurso: el «cero impunidad» no es una política de Estado, es una etiqueta que se activa según convenga políticamente. Y mientras eso no cambie, el silencio sobre Guamúchil seguirá siendo la prueba más incómoda de que, en la Cuarta Transformación, también hay alcaldes que están más protegidos que otros.
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