Una auditoría interna evidenció que más del 80% de las sucursales del Banco del Bienestar operan sin documentación legal que respalde la propiedad o el uso de los terrenos donde fueron construidas, lo que coloca en una situación de riesgo la operación de la institución encargada de distribuir apoyos sociales a cerca de 30 millones de personas en México.
En total, ocho de cada diez sucursales carecen de escrituras, contratos de donación, comodatos o asignaciones formales de espacios públicos. Esto expone al banco a posibles conflictos legales como reclamaciones, desalojos o litigios por la posesión de los predios.
El problema alcanza a 2,319 sucursales del plan de expansión, es decir, el 84%, las cuales no cuentan con instrumentos jurídicos vigentes que acrediten su legalidad. La auditoría, realizada en octubre de 2025 por el Órgano Interno de Control, busca precisamente regularizar esta situación y prevenir riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Gran parte de estas sucursales fueron construidas en la etapa final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dentro de un crecimiento acelerado del banco. Los terrenos utilizados tienen distintos orígenes: algunos son ejidales, otros federales, estatales, municipales, e incluso privados, lo que complica aún más su regularización.
Especialistas señalan que el informe no prueba irregularidades directamente, pero sí refleja opacidad, deficiencias en el control documental y falta de personal capacitado para atender la regularización de los inmuebles. Además, advierten que este desorden abre la puerta a cuestionamientos sobre posibles conflictos legales, cumplimiento de normativas o incluso afectaciones a terceros.
A pesar de estos problemas, el Banco del Bienestar sigue siendo una pieza clave en la política social del país, al encargarse de dispersar apoyos económicos a millones de beneficiarios, especialmente en zonas marginadas donde no existe presencia de la banca tradicional.
No obstante, su rápida expansión ha dejado pendientes importantes en materia legal y administrativa, lo que evidencia una brecha entre su crecimiento operativo y la solidez jurídica de su infraestructura.
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