Exdirectivos de Laguna Verde alertan que el tope salarial del artículo 127 desincentiva ascensos a puestos clave: cinco operadores certificados rechazaron plazas de confianza. Advierten riesgo de fatiga, vacantes sin cubrir e incluso paro de la central por falta de personal calificado
Exdirectivos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en Veracruz, alertaron que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al artículo 127 constitucional, que pone un tope a salarios y jubilaciones, afectaría la operación segura de la planta, al desincentivar que personal altamente especializado acepte puestos de mayor responsabilidad.
Como ejemplo, señalaron que recientemente cinco operadores de reactor de la Central Nucleoeléctrica capacitados durante años y ya certificados para ascender como operadores senior rechazaron ocupar definitivamente las plazas de confianza y dejar de ser sindicalizados ante la incertidumbre salarial y de jubilación generada por la aplicación de la reforma.
Hasta el momento la reforma no aplica para personal sindicalizado ni afecta los contratos colectivos de trabajo.
Jorge del Río trabajó durante 30 años en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), participó en las pruebas de arranque de la planta y fue jefe del Centro de Entrenamiento en la planta. Explica que se trata de operadores que no son fáciles de sustituir.
Obtener una licencia como operador puede tomar entre cuatro y cinco años, y llegar al nivel senior requiere experiencia previa, entrenamiento adicional y evaluaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
En entrevista para Proceso, Del Río, junto con Jorge Aguilar Zamudio, exsubgerente administrativo, y Fernando Barrera, exsubgerente de Seguridad Nuclear, contaron que estos trabajadores optaron por mantenerse bajo el esquema sindical para no perder derechos adquiridos. Actualmente desempeñan funciones de operador senior sólo de manera temporal, mediante permisos respaldados por su sección sindical.
Los extrabajadores que ocuparon cargos jerárquicos en la central señalan que personal operativo en funciones les han denunciado estas situaciones y por la cultura de seguridad nuclear, ellos tienen la obligación ética de advertir de posibles fallas que pongan en riesgo la operación de la planta.
Los exmandos alertan que esta situación pone en riesgo el índice de reemplazo de la planta. Si no hay suficiente personal certificado para cubrir vacaciones, incapacidades o comisiones, existe un riesgo de aumento de la fatiga del personal, generarse observaciones del órgano regulador o incluso detenerse la operación de la central.
“Si no hay personal suficientemente preparado y calificado, la planta puede sufrir observaciones de la Comisión de Seguridad Nuclear e incluso llegar a parar por falta de personal de reemplazo. Es un riesgo real, no es una suposición”, dice Del Río.
Ante esta situación, en mayo pasado la asociación de jubilados de la central, que integran más de 700 personas, envió una carta para informar sobre sobre la crisis laboral y operativa de la planta a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
Ahí advierten que esta crisis operativa podría ocasionar fatiga extrema provocada por la necesidad de cubrir turnos adicionales ante la falta de personal calificado disponible: “Habría un aplazamiento de actividades complejas de mantenimiento debido a la ausencia de especialistas senior para supervisar maniobras de alto riesgo y se proyecta un incremento de las paradas automáticas no programadas del reactor, conocidas como SCRAM, debido a la falta de experiencia del personal de reemplazo”.
La misiva pide que todas las categorías del personal activo y jubilado de las compañías de energía propiedad del Estado, por ejemplo, Laguna Verde, CFE, Pemex, institutos y entidades afiliadas o subsidiarias, sean consideradas esenciales para el suministro de energía del país y que no sean afectadas por la reforma reciente del artículo 127 de la Constitución.
La carta fue respondida desde la dirección de comunicación social de la CFE, pero a consideración de extrabajadores no aborda el fondo de las preocupaciones planteadas.
“Hubo una carta muy escueta escrita, en donde únicamente afirman que Laguna Verde está operando bajo los estándares más estrictos y que no hay ningún problema, pero sin hacer mención a cómo van a resolver la problemática que ellos saben que existe”, dice Del Río.
Considera que la postura busca transmitir tranquilidad hacia el exterior, pero no responde preguntas sobre la retención del personal, los ascensos rechazados, el índice de reemplazo o la transferencia de conocimientos.
Fernando Barrera dice que la principal preocupación de exdirectivos y exempleados de la central no es una falla inmediata en los equipos, sino el deterioro progresivo de las condiciones que permiten mantener suficiente personal calificado, experimentado y emocionalmente estable al frente de una instalación nuclear.
Barrera fue enfático en señalar que la alerta enviada a organismos nacionales e internacionales no significa que actualmente Laguna Verde sea una planta insegura.
“No queremos decir que la planta es insegura. Algo que hay que enfatizar es que el diseño de la Central Laguna Verde tiene lo que se conoce como defensa en profundidad o una seguridad intrínseca. En ese tipo de reactor es más fácil pararlo que arrancarlo”, explica.
Sin embargo, señala que los grandes accidentes nucleares de la historia demostraron que la tecnología y las barreras de seguridad no son suficientes por sí solas, pues el factor humano puede convertirse en un elemento determinante: “Nuestra preocupación es que esa inestabilidad afecte a nuestros ingenieros, a nuestros trabajadores, y puede suceder algo”.
Fuga de expertos
Fernando Barrera Alvarado conoce la central desde sus orígenes. Obtuvo una licencia como operador del reactor nuclear, participó en las pruebas preoperacionales, estuvo a cargo de la operación de los dos reactores y, finalmente, fue subgerente de Seguridad Nuclear.
Él señala que otro problema identificado es la pérdida de trabajadores altamente especializados que encuentran mejores condiciones en otras empresas, particularmente en Estados Unidos.
Como ejemplo, mencionó el caso de un especialista en el manejo de combustible nuclear y en las recargas de los reactores, quien acumuló alrededor de 20 años de experiencia en Laguna Verde: “Era un experto en el manejo de combustible y en hacer las recargas. Llegó a hacerse cargo del piso de recarga, donde se está moviendo el uranio. A raíz de esto (las condiciones laborales) decidió renunciar y tardó una semana fuera. ¿Quién lo tomó? General Electric”, narró.
La salida de personal alcanza a técnicos e ingenieros especializados en protección radiológica y otras áreas críticas, dice: “Hay ingenieros de protección radiológica encargados de evitar que el personal reciba dosis por encima de los límites. Toda esa experiencia ya ha abandonado Laguna Verde y se ha ido, lógicamente, mucha de ella a Estados Unidos”.
Jorge Del Río agrega que el daño potencial no se mide por el número de trabajadores que salen de la central, sino por los años de experiencia que se van con ellos. Esa pérdida también afecta a quienes ya se jubilaron y anteriormente podían regresar temporalmente como instructores para transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.
Según explica, los límites a las percepciones hicieron inviable continuar contratando a algunos de estos especialistas: “En el pasado había instructores que se contrataban después de ser jubilados. Recientemente, cuando se aplicó la reforma, varios compañeros que estaban actuando como instructores jubilados tuvieron que irse porque ya no les podían pagar”.
Alerta por índice de reemplazo
Del Río, exjefe del Centro de Entrenamiento, dice que otra alerta es la reducción del índice de reemplazo, una estrategia utilizada históricamente en la CFE para garantizar que exista personal preparado para ocupar las plazas de mayor responsabilidad cuando se produzca una jubilación, una ausencia o una vacante.
La falta de este personal de reserva tiene consecuencias directas sobre la organización del trabajo y agrega: “El hecho de no contar con el suficiente índice de reemplazo obliga, en ocasiones, a cubrir más tiempo”.
Barrera explica que una de las principales fuentes de nuevos mandos y especialistas es el personal sindicalizado que, tras años de conocer la central, aspiraba a ocupar puestos de confianza y de mayor responsabilidad.
Pero esa aspiración se está perdiendo: “Antes era la motivación y la aspiración: llegar a ser ingeniero de turno, jefe de turno o jefe de operación. Eso daba un nivel no sólo nacional, sino mundial. Bueno, pues esa motivación ya la pararon”, afirmó.
Y planteó una pregunta central: “Si el personal sindicalizado ya no quiere capacitarse para las plazas de confianza, ¿de dónde vamos a obtener el relevo?”.
Jorge Aguilar Zamudio ingresó a la CFE en 1995. Trabajó en la Gerencia Regional de Producción Sureste, realizó suplencias en las centrales termoeléctricas de Altamira y Adolfo López Mateos, en Tuxpan, y posteriormente ocupó distintos cargos administrativos en la central Laguna Verde hasta su jubilación en 2024.
Relata que durante su paso por la planta tuvo que certificarse y acreditarse para desempeñar sus funciones, pues incluso los puestos administrativos de Laguna Verde están sujetos a requerimientos regulatorios y auditorías nacionales e internacionales.
“En estas instituciones las carreras son totalmente profesionales. No nace un subgerente, un jefe de departamento o un gerente de la noche a la mañana. Surge de un proceso de selección y de una preparación constante para llegar a esos puestos”, detalla.
Para Aguilar Zamudio, la discusión sobre salarios y pensiones del personal especializado no debe reducirse a un asunto presupuestal, sino analizarse desde la capacidad del Estado para conservar conocimiento técnico, formar relevos y mantener la seguridad y continuidad de instalaciones estratégicas.
Denuncia internacional
Del Río sostiene que la intención de los firmantes de la carta va más allá de defender sus pensiones que fueron recortadas a un máximo del 50% del salario de la Presidenta de la República, es decir, algo así como 70 mil pesos.
“No tan sólo es por resolver un problema personal o que tiene que ver con nuestras pensiones, sino porque creemos ciertamente que el no hacerlo puede comprometer la seguridad de una industria tan importante que nos ha costado mucho: nos ha costado horas de desvelo, salud y horas interminables de no convivir con nuestras familias por dedicarle ese tiempo a la planta”, afirma.
Ahora los extrabajadores, que también encabezan marchas para defender sus jubilaciones, esperan que las organizaciones internacionales hagan caso a su carta y se pronuncien.
“Lo que buscamos es que se manifiesten o que manden un equipo de expertos a hacer una evaluación a la Central Nuclear de Laguna Verde. Esperemos que lo tomen en cuenta, porque la carta no es de cualquier grupo de personas; es de quienes estuvimos ahí, de quienes nos tocó construir, arrancar y operar los reactores. Lo conocemos perfectamente”, afirma Fernando Barrera.
El exsubgerente explica que las centrales nucleares están sujetas a diferentes mecanismos de vigilancia, inspección y evaluación nacionales e internacionales. Entre estos procesos se encuentran las llamadas revisiones entre pares, en las que especialistas de distintos países evalúan aspectos de la operación y la cultura de seguridad.
“Yo estoy seguro de que lo van a detectar. Ellos tienen la capacidad hasta de recomendar el paro del reactor, no porque exista un problema de equipo en Laguna Verde, sino porque potencialmente pueden ver un riesgo”, sostiene.
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