Este viernes 21 de agosto concluye la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los llamados “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. Y, hasta ahora, el mensaje de quienes decidieron participar resulta difícil de ignorar: el rechazo a la propuesta es abrumador.
La consulta estuvo abierta durante 20 días hábiles, del 27 de julio al 21 de agosto, para recibir comentarios sobre un proyecto de 54 artículos y cinco disposiciones transitorias. Desde que se conoció su contenido, periodistas, especialistas, ciudadanos y organizaciones han advertido que la regulación puede convertirse en un mecanismo de presión sobre medios y comunicadores.
El problema no es únicamente la posibilidad de una censura directa. El riesgo más delicado está en generar las condiciones para que periodistas, concesionarios y comunicadores comiencen a moderar sus opiniones por temor a sanciones, multas o procedimientos administrativos.
Es decir: que antes de publicar una crítica, cuestionar a un funcionario o emitir una opinión incómoda, alguien tenga que preguntarse si la autoridad considerará que se violaron los llamados “derechos de las audiencias”.
Eso tiene un nombre: autocensura.
Y la autocensura puede ser incluso más eficaz que la censura abierta, porque no requiere que el gobierno prohíba expresamente una opinión. Basta con establecer un entramado regulatorio suficientemente ambiguo y sancionador para que los propios medios comiencen a limitarse.
La participación ciudadana en la consulta refleja justamente esa preocupación.
Hace apenas una semana se habían registrado 2 mil 176 comentarios. Un análisis de una muestra aleatoria de cien participaciones encontró que 81 por ciento se pronunciaba claramente en contra de los lineamientos, 14 por ciento a favor y 5 por ciento no asumía una posición definida.
Pero el rechazo aumentó todavía más conforme avanzó la consulta.
Cuando el ejercicio acumulaba 6 mil 602 comentarios, una revisión de las cien participaciones más recientes encontró que 98 se pronunciaban en contra y únicamente dos a favor.
Aunque se trata de muestras y no de un cómputo oficial de la totalidad de las participaciones, la tendencia resulta contundente.
Miles de ciudadanos están diciendo algo bastante sencillo: no necesitan que una autoridad gubernamental les diga cómo deben recibir información, qué opiniones son aceptables o cómo deben conducirse los medios para supuestamente “protegerlos”.
Los ciudadanos adultos tienen capacidad para escuchar, comparar, cuestionar y decidir qué información consideran confiable.
Precisamente por eso resulta preocupante que una regulación presentada bajo el lenguaje aparentemente noble de la protección de las audiencias pueda terminar otorgando al Estado nuevas herramientas de intervención sobre los contenidos de radio y televisión.
Una de las participantes de la consulta lo resumió con claridad al señalar que está en contra de la censura y de consumir información manipulada por el gobierno, y que tiene capacidad para decidir qué información le interesa.
Ese debería ser el principio básico de cualquier democracia: más libertad para las audiencias, no más vigilancia sobre los medios.
La CRT ha aclarado que la consulta no es vinculante. Jurídicamente puede ser cierto. Políticamente, sin embargo, sería difícil justificar que después de convocar a los ciudadanos para escuchar sus opiniones, la autoridad decidiera simplemente ignorar un rechazo de esta magnitud.
Si la consulta realmente sirve para escuchar, el mensaje ya fue enviado.
La pregunta ahora es si el gobierno estará dispuesto a escucharlo.
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