Una foto tomada la semana pasada a las afueras de Palacio Nacional terminó encendiendo la discusión entre sectores duros del oficialismo y algunos medios. En la imagen aparecían Jesús Ramírez Cuevas —hoy coordinador de asesores presidenciales y exvocero de Andrés Manuel López Obrador— y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Según periodistas que estaban presentes, ambos parecían enfrascados en una conversación tensa.
Villamil intentó restarle importancia a la imagen y cuestionó que se le diera relevancia periodística, pero evitó mencionar lo que realmente le daba peso al asunto: el contexto político del momento.
Días antes, Julio Scherer, quien fue consejero jurídico de López Obrador durante los primeros tres años de su gobierno, había publicado el libro Ni venganza ni perdón. En él lanza críticas directas contra Ramírez Cuevas, usando su figura como eje para cuestionar decisiones del expresidente y del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Desde los sectores más radicales del oficialismo el libro ha sido descalificado como un ataque político. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no lo ha leído ni planea hacerlo, y sostuvo que no tendrá impacto en el movimiento.
Sin embargo, dentro del círculo más duro sí provocó tensiones. Personas cercanas a ese grupo aseguran que Ramírez Cuevas interpretó como una traición algunas partes del libro, especialmente por datos que, según él, solo conocía un número muy reducido de personas. Bajo esa lógica, la sospecha recayó en Villamil, el único de ese entorno que mantenía relación directa con Scherer.
Scherer ha publicado numerosos libros en colaboración con distintos autores. Entre ellos estuvo Villamil, con quien escribió La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces, publicado en 2007 tras la elección presidencial de 2006. En ese momento ambos compartían una cercanía política y profesional, alineada con la narrativa de que la elección había sido arrebatada a López Obrador. Paradójicamente, en su libro reciente Scherer reconoce que Felipe Calderón ganó aquella contienda.
En esos años Villamil trabajaba en Proceso, y la relación entre ambos combinaba afinidad política con un periodismo claramente militante.
Aun así, Villamil no llegó al gobierno de López Obrador por mediación de Scherer, sino de Ramírez Cuevas. Ambos habían coincidido durante años en círculos intelectuales vinculados al cronista Carlos Monsiváis. Ya en el poder, Cuevas y Villamil participaron en la estrategia de confrontación contra medios y periodistas críticos, una narrativa que el entonces vocero presidencial impulsaba de forma cotidiana desde Palacio Nacional junto al presidente. Cuevas también respaldó a Villamil cuando surgieron cuestionamientos por la compra de antenas del sistema público, lo que permitió que permaneciera en el cargo incluso con el cambio de administración.
En su nuevo libro, Scherer dedica varios pasajes a cuestionar a Ramírez Cuevas. Cita episodios concretos —como el litigio sobre el maíz transgénico o el tema de pensiones de Luz y Fuerza del Centro— para sugerir que operó decisiones con beneficios políticos y económicos para el sector más duro del obradorismo.
Pero hay otro punto que, según versiones internas, habría detonado el choque con Villamil. La información apareció primero en una columna de Jorge Fernández Menéndez publicada en octubre pasado, quien participó en la elaboración del libro. En ese texto se mencionaba la creación de supuestos “medios alternativos” vinculados a la estructura de poder, incluyendo la empresa Doble L Medios, dedicada a producción audiovisual en instalaciones gubernamentales. Su aparente propietario, Guillermo Llaguno, también estaba ligado al área multimedia del periódico Regeneración, fundado por el propio Ramírez Cuevas. La crítica central apuntaba a que recursos públicos terminaban canalizados a esas estructuras mientras se restringía la publicidad oficial a otros medios.
La reaparición de este tema dentro del libro, ahora con mayor contexto, habría intensado la preocupación interna. No tanto por lo ya publicado, sino por el temor de que Scherer conserve información adicional que pudiera afectar la red política y mediática construida en torno a Comunicación Social.
Fuentes que aseguran conocer el funcionamiento de esa red sostienen que desde el presupuesto de comunicación presidencial se habrían otorgado beneficios a distintos periodistas y comunicadores, ya fuera en dinero, contratos, privilegios o propiedades. Según esas versiones, parte de esos recursos habría servido para financiar programas en los canales 11 y 22, así como contratos millonarios para columnistas, supuestos periodistas y creadores digitales, además de posiciones dentro del gobierno o empleos para allegados.
De acuerdo con lo que ha trascendido, precisamente estos contratos serían uno de los principales motivos de fricción entre Ramírez Cuevas y Villamil. El exvocero sospecharía que su antiguo aliado es la fuente de Scherer respecto a los presuntos desvíos. En ese escenario, Ramírez Cuevas temería que el exconsejero jurídico conserve información comprometedora como una especie de seguro político que podría usar si la confrontación escala.
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