Mientras el país discute el alcance de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un hecho no ha pasado desapercibido: el núcleo duro del poder se reunió para diseñar el texto que pretende redefinir las reglas de la competencia democrática en México.
Y ahí están los nombres.
Encabezando el grupo, Jesús Ramírez Cuevas, estratega de comunicación del obradorismo. Durante años ha sido señalado por la oposición como operador de campañas digitales agresivas y estructuras de propaganda. Ahora participa en una reforma que promete regular propaganda y “limpiar” el debate público. Para sus críticos, la contradicción es evidente.
También figura Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte cuya cercanía con el Ejecutivo fue objeto de fuertes cuestionamientos durante su presidencia en el Poder Judicial. La oposición sostiene que su gestión contribuyó a debilitar contrapesos institucionales. Hoy aparece como uno de los principales redactores de una reforma que redefine la arquitectura electoral.
En la mesa estuvo igualmente Rosa Icela Rodríguez, exsecretaria de Seguridad en un sexenio marcado por una estrategia contra el crimen que generó resultados controvertidos y críticas sobre expansión territorial del narcotráfico. Que participe en la redacción de normas electorales levanta dudas entre quienes consideran que el Estado no logró blindar la política de influencias criminales.
Se suma Pablo Gómez, histórico legislador y hoy exresponsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya gestión fue señalada por opositores como políticamente selectiva. El mismo político que durante décadas defendió ciertos equilibrios parlamentarios ahora respalda cambios profundos en la representación.
También participaron Estela Damián, operadora jurídica del círculo presidencial; Lázaro Cárdenas Batel, vinculado indirectamente en debates públicos relacionados con casos internacionales como Odebrecht —sin resolución judicial en su contra—; y José Merino, impulsor de regulaciones digitales que sectores críticos calificaron como intentos de control sobre contenidos y medios.
Para la oposición, la conclusión es clara: no se trata de una reforma técnica, sino de una estrategia política. Argumentan que cuando el mismo grupo que concentra poder redacta las reglas del sistema electoral, el riesgo no es hipotético. Lo ven como una maniobra para consolidar influencia institucional y reducir márgenes de competencia.
Desde el oficialismo se insiste en que la reforma busca austeridad, simplificación y mayor eficiencia electoral.
Pero el debate no gira únicamente en torno a números o procedimientos. Gira en torno a credibilidad.
Y en democracia, la confianza en quienes escriben las reglas importa tanto como las reglas mismas.
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