La presidenta Claudia Sheinbaum reunió a su círculo más cercano para redactar la reforma electoral que —según el discurso oficial— busca fortalecer la democracia. Pero basta revisar quiénes estaban en esa mesa para entender por qué la desconfianza no es gratuita.
Empecemos por Jesús Ramírez Cuevas.
El principal operador de comunicación del obradorismo. El arquitecto de la narrativa oficial. El estratega detrás de la maquinaria digital más agresiva de los últimos años. Durante el sexenio anterior, fue acusado sistemáticamente por la oposición y analistas de tolerar o beneficiarse de estructuras de propaganda digital y campañas de linchamiento mediático contra críticos del gobierno.
Y ahora resulta que él es uno de los encargados de diseñar reglas para “limpiar” el ecosistema electoral.
Es como poner al director del equipo de campaña a redactar el reglamento del árbitro.
Luego está Arturo Zaldívar.
Pocas figuras generaron tanta polarización en el Poder Judicial reciente. Su presidencia en la Suprema Corte estuvo marcada por acusaciones de alineamiento político con el Ejecutivo y por una inédita cercanía con Palacio Nacional. Fue uno de los rostros centrales en la reforma judicial que transformó el equilibrio interno del sistema de justicia.
Hoy reaparece como pluma clave de una reforma que modifica el sistema electoral.
El mismo personaje que fue señalado por diluir contrapesos ahora participa en el rediseño del árbitro democrático. No es un detalle menor. Es una señal política.
Y después viene José Merino.
El impulsor de regulaciones digitales que críticos calificaron como mecanismos de control sobre plataformas y medios. El funcionario que ha defendido marcos regulatorios que otorgan al Estado mayor margen de intervención en contenidos bajo el argumento de proteger derechos de audiencias.
Cuando alguien con esa visión participa en una reforma electoral, el debate ya no es técnico: es estructural. Porque elecciones no solo son urnas; también son información, narrativa y libertad de expresión.
El patrón es evidente: operadores políticos, estrategas de comunicación y figuras acusadas de debilitar contrapesos institucionales redactando las reglas del sistema que debe limitarlos.
Desde el oficialismo se insiste en que la reforma busca austeridad y eficiencia. Pero la oposición sostiene otra lectura: que se trata de una consolidación de poder bajo apariencia técnica.
La democracia no se erosiona de golpe. Se rediseña desde adentro.
Y cuando quienes concentran influencia escriben las reglas de su propia permanencia, la sospecha no es exageración: es prevención histórica.
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