La discusión reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó algo más que una resolución jurídica: exhibió el preocupante nivel de preparación, sensibilidad y rigor que hoy caracteriza a varios integrantes del máximo tribunal.
Durante la sesión del pasado 10 de marzo, la ministra María Estela Ríos lanzó un comentario que rápidamente generó polémica al referirse a las personas nacidas mediante fertilización asistida. En medio del debate sobre el alcance del Convenio de Belém do Pará y la atención a víctimas de violencia, la ministra señaló que, salvo quienes hayan nacido “in vitro”, mujeres y hombres forman parte de la familia, insinuando que estos casos podrían quedar fuera de esa definición.
La frase, más allá de su torpeza conceptual, reveló algo más profundo: un desconocimiento básico sobre la realidad de miles de familias contemporáneas que han recurrido a la reproducción asistida para tener hijos.
Resulta particularmente llamativo que un comentario de este tipo provenga de quien hoy ocupa una silla en el tribunal constitucional del país. No se trata de una tertulia improvisada ni de una sobremesa académica: es la Corte encargada de interpretar los derechos fundamentales de millones de mexicanos.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la integración reciente de la Corte, impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien insistió durante años en que su proyecto político se basaba en el llamado “humanismo mexicano”.
Sin embargo, declaraciones como la de la ministra Ríos parecen ir en dirección contraria a esa narrativa. Si algo exige el humanismo es sensibilidad frente a la diversidad de realidades humanas, comprensión del contexto social y respeto por las distintas formas de familia que existen hoy en el país.
La intervención también reabre un debate que desde hace tiempo ronda en el ámbito jurídico: ¿la actual Corte está compuesta por juristas con la trayectoria técnica necesaria o por perfiles que llegaron al cargo más por afinidad política que por mérito constitucional?
No es un tema menor. La Corte no solo resuelve disputas legales; define el alcance de derechos, la interpretación de la Constitución y los límites del poder público.
En esta ocasión, la discusión original del pleno giraba en torno a la atención especializada a mujeres víctimas de violencia en Chihuahua y la operación de la Fiscalía de las Mujeres en ese estado. Pero el comentario terminó eclipsando el debate de fondo y dejando una pregunta incómoda sobre la mesa: si quienes integran el máximo tribunal muestran confusión conceptual en temas básicos de familia y derechos humanos, ¿qué tan sólidas pueden ser sus interpretaciones constitucionales?
Más allá del caso puntual, lo ocurrido refleja un problema más amplio. La legitimidad de una corte constitucional descansa en la autoridad moral y técnica de sus integrantes. Cuando esa autoridad se erosiona por declaraciones improvisadas o visiones poco informadas, el prestigio institucional también se debilita.
Y entonces la promesa de un poder judicial guiado por el “humanismo” termina chocando con la realidad de decisiones y comentarios que parecen más cercanos a la ignorancia que a la sensibilidad jurídica que el cargo exige.
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