LA TRINIDAD DE LA IMPUNIDAD MORENA: LEY PARA TUS ENEMIGOS, ESCUDO PARA LOS TUYOS
Tres vías interconectadas —el fisco como arma política, la fiscalía como cómplice silenciosa, y el aparato judicial capturado— forman la arquitectura perfecta bajo la cual los integrantes de la Cuarta Transformación gobiernan, con cabal descaro, más allá del alcance de la justicia.
Permítame el lector que comience con una proposición que no debería ser particularmente controversial, dado que la evidencia es abrumadora, aunque el poder político en turno —con el aplomo de quienes han elevado la simulación a categoría de virtud cívica— continúa negándola con una desfachatez que rozaría lo admirable, si no fuera tan perniciosa: en México, bajo el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, la impunidad no es un defecto del sistema. Es el sistema mismo.
No hablo de la impunidad difusa, anónima, estadística, que existe en toda república imperfecta —aquella que México Evalúa cuantifica con rigor académico al señalar que de cada cien delitos cometidos en este país, apenas uno termina en condena. Me refiero a algo mucho más específico, más deliberado, y por ello mismo mucho más grave: la impunidad selectiva, quirúrgicamente aplicada para proteger a los leales del movimiento guinda mientras se emplea el peso del Estado —con todo su arsenal de organismos fiscalizadores, ministerios públicos y reformas constitucionales— contra aquellos que tienen la osadía de discrepar.
Esta arquitectura de la impunidad se sostiene, con admirable ingeniería, sobre tres pilares. Cada uno es, en sí mismo, un escándalo de proporciones republicanas. Unidos, forman algo que sólo puede describirse como un Estado paralelo construido al interior del Estado constitucional, cuyo único propósito es garantizar que ningún integrante del círculo gobernante enfrente consecuencias por sus actos.
I. EL FISCO COMO ESPADA POLÍTICA
Cuando el SAT y la UIF son armas, no instituciones
El primer pilar es quizás el más elegante en su perversidad, porque opera bajo el barniz de la legalidad. El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera —instituciones creadas, en teoría, para garantizar que los mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales y que el sistema financiero no sea utilizado como lavandería criminal— se han convertido, bajo el proyecto que nos rige, en instrumentos de acoso político plenamente documentados.
La lógica es tan simple que casi ofende la inteligencia del observador. ¿Critica usted al gobierno? Prepárese para una auditoría. ¿Financia usted investigación periodística independiente? Cuente sus días. ¿Se atreve su organización civil a documentar la corrupción del movimiento? La Unidad de Inteligencia Financiera se presentará, puntual como el destino, a solicitar ante la Comisión Permanente del Congreso que se investiguen sus «operaciones inusuales». Así, sin rubor, sin eufemismo, sin el más mínimo pudor republicano.
Caso documentado: La bancada de Morena suscribió un punto de acuerdo solicitando a la UIF que investigara a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y pidió al SAT que realizara auditorías a sus donatarias, señalando explícitamente al empresario Claudio X. González como presunto operador de «acciones que bien pudieran considerarse delincuencia organizada.» Al mismo tiempo, la UIF investigó las finanzas del periodista Carlos Loret de Mola mientras dejaba intocados a funcionarios con cuentas claramente inexplicables. (El Universal, mayo de 2021; El Financiero, 2021)
Lo que hace particularmente notable este arreglo es su descaro tautológico: el gobierno crea las instituciones, nombra a sus titulares, define las prioridades de persecución, y luego —con la solemnidad de quien cumple con su deber constitucional— las emplea para acosar a la oposición mientras protege a los suyos. Los «intocables de Morena», como los ha documentado la prensa independiente, acumulan bienes, fortunas y señalamientos de corrupción con la tranquilidad que sólo otorga saber que el aparato fiscal mira, literalmente, hacia otro lado.
Cuauhtémoc Blanco, vinculado al crimen organizado durante su gubernatura en Morelos, debutó como diputado federal plurinominal por Morena en 2024 sin haber enfrentado consecuencia legal alguna. Alejandro Murat, cuya administración oaxaqueña acumuló irregularidades por más de seis mil millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación, es hoy senador de la república bajo el cobijo guinda. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, arrestado por las autoridades estadounidenses bajo cargos de narcotráfico, fue recuperado gracias a las gestiones del gobierno federal y, llegado de vuelta a tierra mexicana, la FGR decidió —sin que nadie haya explicado convincentemente por qué— no ejercer acción penal en su contra.
«El escándalo no es que haya impunidad en México. El escándalo es que la impunidad sea el bien más celosamente administrado y distribuido por quienes prometieron abolirla.»
II. LA FISCALÍA: NEGLIGENCIA O COMPLICIDAD
La FGR, o el arte de no ver lo que está frente a sus ojos
El segundo pilar resulta, si cabe, aún más ilustrativo de la patología que padecemos, porque aquí la evidencia no puede ser ignorada —está en los periódicos, en los reportajes de televisión, en los comunicados de organizaciones civiles, en los testimonios de madres que buscan a sus hijos— y, sin embargo, la Fiscalía General de la República actúa con la serenidad de quien simplemente no ha leído los diarios.
El caso de Segalmex —la Seguridad Alimentaria Mexicana, creada en 2019 para proveer alimentos básicos a los más vulnerables y convertida rápidamente en el mayor desfalco de la administración obradorista— ofrece un estudio de caso clínico en lo que podríamos llamar la notitia criminis ignorada. Mexicanos Contra la Corrupción documentó, desde 2020, una red de corrupción que eventualmente superaría los quince mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación abrió expedientes. La prensa publicó los contratos fantasma, los prestanombres, las empresas sin empleados que recibieron millones del erario. La FGR acumuló 156 denuncias formales. Y sin embargo, Ignacio Ovalle —el director de Segalmex durante los años de los desvíos, cuya responsabilidad resulta, para cualquier observador razonable, difícil de imaginar como ajena— nunca enfrentó cargos penales. El propio expresidente lo exoneró públicamente desde su tribuna matutina, argumentando, con la creatividad que le caracteriza, que el hombre «fue engañado por sus colaboradores.»
El patrón estructural: Según Nexos y MCCI, entre 2019 y 2024, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades pendientes de aclaración por 127,000 millones de pesos en la administración federal. La FGR procesó a funcionarios de nivel medio en Segalmex, pero el exdirector Ovalle sigue libre y fue luego incorporado a la Secretaría de Gobernación —es decir, premiado. (Nexos, noviembre 2025; MCCI, 2024)
Pero es en los casos más recientes donde la negligencia de la FGR adquiere los tintes de lo que los juristas llaman, con prudente eufemismo, «omisiones que parecen deliberadas». El Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco —un predio que los colectivos de búsqueda denominaron «campo de exterminio» y que la criminóloga Yuriria Rodríguez Castro calificó como «la vergüenza criminológica más grande en la historia de México»— fue descubierto por madres buscadoras en marzo de 2025. Lo que encontraron: cientos de artículos personales, restos óseos calcinados, indicios de homicidios en masa. Lo que hizo la FGR: asumir el caso con la tesis —que desafía tanto la evidencia como el sentido común— de que el lugar era «un campo de adiestramiento táctico.»
La CNDH emitió la Recomendación 11/2026 documentando que, desde el primer aseguramiento en septiembre de 2024, no se respetaron los protocolos de cadena de custodia. Las evidencias quedaron sin inventariar. El sitio fue alterado durante visitas mediáticas organizadas por la propia FGR. Las madres buscadoras encontraron, un año después, fragmentos óseos que las autoridades nunca registraron. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lo dijo con la claridad que la desesperación otorga: «La verdad no puede enterrarse. La verdad debe decirse completa.»
Y entonces llegó —esta semana, mientras escribo estas líneas— el caso de la guarida de El Mencho en Tapalpa. El 22 de febrero de 2026, el Ejército dio muerte a Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una cabaña del Tapalpa Country Club. Los periodistas de El Universal y Milenio —haciendo su trabajo, que es el único honradamente hecho en esta historia— ingresaron al inmueble y encontraron algo extraordinario: narconóminas con pagos documentados a la Policía de Tapalpa, a la Guardia Nacional en Autlán y a la Policía Estatal. Registros de ganancias por más de ocho millones de pesos en un solo mes de diciembre. La contabilidad interna del cartel más peligroso de América Latina, al alcance de cualquier reportero con una pluma y conciencia cívica.
El momento decisivo: Veintidós días después del operativo, la FGR emitió el comunicado 141/26 informando que el sitio «no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial» —y que, por tanto, no fue asegurado oportunamente. Resultado: no es posible confirmar si las narconóminas, los registros de sobornos a corporaciones policiales, ni ninguno de los demás indicios encontrados por los periodistas «efectivamente se hallaban ahí». La cadena de custodia está rota. Las evidencias son inutilizables. (FGR Comunicado 141/26; El Financiero, 16 de marzo de 2026)
Nótese la elegancia del resultado. Si las narconóminas fueran sometidas a proceso legal, implicarían a corporaciones de seguridad cuya vinculación con el CJNG resultaría embarazosa para quien gobierna. Al romperse la cadena de custodia, las evidencias dejan de tener valor probatorio. ¿Fue negligencia? ¿Fue incompetencia institucional, ese defecto tan venerable como antiguo en la burocracia mexicana? O, como señaló con precisión la criminóloga Rodríguez Castro en su análisis del Rancho Izaguirre, ¿fue «una estrategia deliberada de ocultamiento»? No lo sé con certeza. Pero sí sé que el efecto —la impunidad— es en ambos casos idéntico.
III. EL APARATO JUDICIAL CAPTURADO
La reforma judicial: demoler la independencia para garantizar la obediencia
El tercer pilar es quizás el más sofisticado, porque viene disfrazado de democracia. Supongamos, por un momento de generosa imaginación, que el SAT y la UIF decidieran investigar a un funcionario del movimiento guinda. Supongamos que la FGR, venciendo sus tendencias hacia la omisión selectiva, presentara cargos y los sustentara con evidencias debidamente preservadas. Aún así, el integrante de Morena reposaría tranquilo, porque el tercer anillo de protección —el aparato judicial— ya fue reformado para garantizar que ninguna sentencia adversa al poder pueda prosperar.
La reforma judicial de 2024, promovida por el expresidente López Obrador bajo el argumento de que el poder judicial era «podrido» —una acusación cuya ironía resultará evidente para cualquiera que haya seguido los casos descritos en las secciones anteriores— eliminó la carrera judicial y la sustituyó por la elección popular. En teoría: democratización. En la práctica, como documentó la revista Proceso en junio de 2025, las estructuras de los gobiernos federal, estatales y municipales de la 4T, junto con Morena y la organización «Construyendo Justicia», operaron un sistema de «acordeones» —guías de votación distribuidas a beneficiarios de programas sociales y trabajadores del gobierno— para asegurar que los cargos judiciales fueran ocupados por candidatos afines al movimiento.
La captura documentada: La Washington Office on Latin America (WOLA) advirtió que si un grupo político dominara el Ejecutivo y el Legislativo —»como es el caso actual de Morena»—, el nuevo modelo de selección «podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando el riesgo de influencia política en futuras nominaciones.» La investigación de Proceso expuso testimonios de múltiples estados que revelan cómo el partido desplegó estrategias para controlar la elección y colocar candidatos leales en los 881 cargos disputados. (WOLA, enero 2025; Proceso, junio 2025)
El Tribunal de Disciplina Judicial —nueva creación de la reforma, con amplias facultades para supervisar y sancionar al personal judicial— ofrece el complemento perfecto: quien capture ese órgano tendrá, como señaló WOLA, una herramienta de presión sobre el resto del poder judicial. El círculo, así, queda cerrado. Los jueces elegidos por guías de votación distribuidas por el partido gobernante difícilmente morderán la mano que los colocó en el estrado.
Hay una estadística que conviene retener, porque resume con admirable brutalidad el estado del sistema de justicia que este gobierno heredó y ha perfeccionado: de cada cien delitos cometidos en México, menos de uno termina en condena. Noventa llegan al escritorio de un fiscal. Cuatro alcanzan los tribunales. Las probabilidades de sentencia son inferiores al uno por ciento. Esto, sin contar que apenas se reporta el siete por ciento de los delitos. La impunidad, entonces, no es la excepción del sistema mexicano. Es su estado natural.
CONCLUSIÓN: DEL DISCURSO DE LA VIRTUD A LA PRÁCTICA DE LA IMPUNIDAD
Existe en la retórica de la Cuarta Transformación una paradoja que resultaría cómica si sus consecuencias no fueran tan trágicas. Ningún movimiento político en la historia reciente de México ha hablado más del combate a la corrupción, de la impunidad cero, del nuevo régimen de honestidad republicana. «Ya no hay corrupción arriba», declaró el expresidente López Obrador el 31 de agosto de 2019. Semanas después, MCCI publicaría la primera entrega de lo que sería el mayor escándalo de desvío de su administración: el caso Segalmex.
Las madres buscadoras de Jalisco que golpean el suelo hueco del Rancho Izaguirre mientras las autoridades contemplan no son una anomalía en el sistema. Son el sistema revelado en su esencia. Los periodistas que entran a la guarida de El Mencho para encontrar lo que la FGR no aseguró no son héroes accidentales de la nota policiaca; son el único mecanismo de rendición de cuentas que funciona en un país donde los demás han sido capturados, paralizados o dirigidos hacia los adversarios del poder.
[18/03/2026 01:24 p. m.] RickBriones: La trinidad de la impunidad morena —el fisco como arma, la fiscalía como cómplice, el judicial como vasallo— no es el resultado de la falta de voluntad política. Es el resultado de demasiada voluntad política, concentrada en manos de quienes han decidido que las instituciones de la república son herramientas al servicio del movimiento, no del ciudadano. La diferencia entre un Estado de derecho y una autocracia no radica en los textos constitucionales —México tiene una Constitución magníficamente redactada. Radica en si quienes gobiernan se consideran sujetos a la ley, o si la ley es, para ellos, un instrumento más en el arsenal del poder.
La respuesta, en el México de 2026, no requiere mayores interpretaciones.
Las opiniones expresadas en esta columna recogen hechos verificados en fuentes públicas: El Financiero, Infobae México, Proceso, MCCI, WOLA, El Informador, Emeequis, México Evalúa y comunicados oficiales de la FGR y la CNDH.
Deja una respuesta