El periódico Regeneración, concebido como el principal instrumento de comunicación política de Morena desde su fundación, enfrenta nuevamente cuestionamientos que trascienden lo editorial y se adentran en el terreno de la transparencia financiera, la legalidad administrativa y la rendición de cuentas, luego de que investigaciones recientes volvieran a poner en el centro del debate la participación de una empresa catalogada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, así como un conjunto de irregularidades documentadas por autoridades electorales y organismos de fiscalización.
El origen del nuevo señalamiento se remonta a 2016, cuando Morena en Tabasco contrató a la empresa Benefak S.A. de C.V. para la impresión del periódico, una compañía que años más tarde fue incluida por el SAT en la lista de contribuyentes que simulan operaciones, tras acreditarse que no contaba con personal, infraestructura ni activos suficientes para prestar los servicios que facturaba, lo que implica que las transacciones realizadas bajo su nombre carecían de sustento material; pese a ello, el entonces editor de Regeneración y hoy coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció públicamente en 2018 la existencia de pagos a dicha empresa, aunque posteriormente afirmó no conocerla, lo que ha sido interpretado como una contradicción relevante dentro del caso.
A este elemento se suma la declaración de la presunta propietaria de Benefak, una mujer de bajos recursos que negó haber participado en la constitución o gestión de la empresa, lo que abre la posibilidad de que su identidad haya sido utilizada como prestanombre, una práctica recurrente en esquemas de simulación fiscal, particularmente en aquellos relacionados con la emisión de facturas sin respaldo operativo, lo que refuerza la gravedad de las observaciones en torno a la relación comercial sostenida con Morena.
No obstante, el caso de Benefak no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un entramado más amplio de inconsistencias en torno al financiamiento y operación de Regeneración, ya que, de acuerdo con los propios planes anuales de trabajo del partido, entre 2018 y 2026 se han proyectado más de 600 millones de pesos para el diseño, impresión y distribución del periódico, mientras que en los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia únicamente se encuentran documentados cinco contratos que en conjunto suman poco más de 22 millones de pesos, lo que deja una brecha significativa entre el gasto proyectado y el gasto efectivamente comprobable
Esta falta de correspondencia entre los montos presupuestados y los contratos disponibles ha sido acompañada por una serie de observaciones del Instituto Nacional Electoral, que en distintos ejercicios de fiscalización ha señalado irregularidades como la subvaluación del costo de impresión de ejemplares, la omisión en la presentación oportuna de avisos para verificar el tiraje, la falta de evidencia documental que acredite el impacto de las publicaciones y, de manera particularmente relevante, el uso del contenido del periódico con fines electorales, lo que llevó a la autoridad a ordenar la reclasificación de ciertos gastos como parte de campañas políticas y no como actividades editoriales, instrucción que en diversos casos no fue atendida plenamente por el partido.
En este contexto, Regeneración ha operado más como un instrumento de difusión política que como un medio periodístico en sentido estricto, al ser distribuido principalmente en eventos partidistas, estructuras territoriales y actividades de movilización, lo que refuerza el debate sobre la naturaleza de su financiamiento y el uso de recursos en un entorno donde las fronteras entre comunicación institucional, propaganda y gasto electoral se vuelven difusas.
El señalamiento adquiere mayor relevancia al considerar que se suma a otros episodios recientes en los que se ha cuestionado la actuación de Jesús Ramírez Cuevas, particularmente aquellos relacionados con decisiones administrativas que, según diversas investigaciones periodísticas, han derivado en compromisos financieros de largo plazo para el Estado mexicano, lo que contribuye a consolidar un escenario en el que su gestión continúa bajo escrutinio público.
En conjunto, los elementos documentados en torno a Regeneración plantean interrogantes que no han sido plenamente resueltas, no solo sobre la legalidad de ciertos contratos específicos, sino sobre el modelo general de operación del periódico y su financiamiento, en un contexto donde la transparencia, la trazabilidad del gasto y el cumplimiento de las normas electorales resultan fundamentales para garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos vinculados a los partidos políticos.
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