La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encendido alertas entre especialistas, quienes advierten que otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de congelar cuentas bancarias sin orden judicial podría abrir la puerta a usos discrecionales e incluso políticos de esta herramienta .
El nuevo criterio, impulsado a partir de la propuesta de la ministra Loretta Ortiz, redefine el bloqueo de cuentas como una medida cautelar de carácter administrativo y no como una sanción penal. Esto representa un cambio sustancial respecto a interpretaciones previas, donde se requería intervención judicial para ejecutar este tipo de acciones .
Juristas como Juvenal Lobato señalan que esta modificación fortalece las capacidades del Estado, pero al mismo tiempo debilita la protección de los derechos ciudadanos, al permitir que el congelamiento de cuentas se base en indicios o sospechas sin necesidad de pruebas concluyentes . En la práctica, esto implica que la UIF podrá actuar con un margen considerable de discrecionalidad.
El impacto potencial de esta medida no es menor. Expertos advierten que negocios y empresas podrían ver paralizadas sus operaciones de manera inmediata, afectando pagos a empleados, proveedores y clientes, incluso antes de tener la oportunidad de defenderse legalmente . Aunque existe un procedimiento para impugnar estas decisiones, este ocurre una vez que el daño económico ya se ha producido.
Asimismo, el cambio elimina la necesidad de una solicitud previa por parte de autoridades internacionales para ejecutar bloqueos, lo que amplía aún más el alcance de la UIF dentro del territorio nacional .
Si bien la medida se alinea con compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero, especialistas coinciden en que su aplicación sin controles más estrictos podría generar un entorno de inseguridad jurídica, donde la presunción de inocencia se ve debilitada y el margen de defensa del ciudadano se reduce significativamente .
En este contexto, la preocupación central no radica únicamente en la herramienta en sí, sino en la posibilidad de que sea utilizada como mecanismo de presión, más allá de su propósito original de combatir operaciones ilícitas.
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