El gobierno y los operadores insisten en que registres tu línea antes del 30 de junio vinculándola a tu CURP. Hay razones serias para dudar de que esta medida valga lo que cuesta.
¿Qué es y de dónde viene?
La obligación nació con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025, y se concretó en los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles de diciembre del mismo año. El argumento oficial: asociar cada línea a una identidad para poder detectar y suspender las usadas en fraude, extorsión y secuestro virtual.
En estricto sentido legal, la obligación de vincular las líneas recae sobre los concesionarios y comercializadoras, no sobre los ciudadanos. Pero, como en tantos otros casos, quien termina cargando con el trámite es el usuario final.
Si no registras tu línea
A partir del 1 de julio tu línea quedará deshabilitada. Solo podrás recibir alertas de emergencia, llamar al 911 y contactar a tu proveedor. Tu contrato, sin embargo, seguirá vigente: seguirás pagando.
Un intento que ya fue declarado inconstitucional
Esto no es nuevo. En abril de 2021 se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), una medida prácticamente idéntica. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional porque no superó el test de proporcionalidad: la afectación al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales no estaba justificada por un fin constitucionalmente válido, ni la medida era idónea para lograrlo. La diferencia hoy es que ya no existe el INAI para impugnarla, ni un tercio del Senado dispuesto a hacerlo, ni un Poder Judicial independiente para resolverla.
Los problemas que el nuevo registro no resuelve
La lógica de fondo es la misma que la de la prisión preventiva oficiosa: como el Estado no tiene capacidad real de investigación, traslada el costo al ciudadano. El registro no da más herramientas al Estado para investigar; simplemente hace que parezca que algo se está haciendo.
Además, los lineamientos presentan asimetrías sin justificación: las personas físicas solo pueden registrar 10 líneas, mientras que las personas morales no tienen límite alguno.
Una promesa más en un largo historial de promesas rotas
Las cámaras en el transporte no acabaron con los asaltos — hoy tenemos un archivo inmenso de asaltos videograbados. El Ejército en las calles no redujo la violencia. El INSABI fue una mentira de principio a fin. La austeridad prometida convive con ríos de gasto en autopromoción. La transparencia prometida terminó con la desaparición del INAI. El registro de líneas telefónicas es otra medida que pide confianza a cambio de nada demostrado.
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