De acuerdo con la columna publicada por el periodista y analista político Raymundo Riva Palacio en El Financiero, el gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa del senador Adán Augusto López Hernández en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.
El columnista señala que las autoridades estadounidenses mantienen una línea de investigación sobre el exsecretario de Gobernación desde el año pasado. Según la publicación, parte de la información compartida con autoridades mexicanas estaría relacionada con presuntas operaciones de contrabando de combustible en el sur del país.
Riva Palacio sostiene que, tras una reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la presidenta Claudia Sheinbaum, se entregó información al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, relacionada con López Hernández.
La columna refiere que el senador habría rechazado una propuesta para asumir una representación diplomática y permaneció al frente de la coordinación de Morena en el Senado hasta febrero pasado.
El texto también menciona a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de López Hernández como gobernador. Según la publicación, autoridades estadounidenses han manifestado preocupación por la falta de acciones judiciales en su contra debido a presuntos vínculos con la organización criminal conocida como La Barredora.
Asimismo, se señala que existe una investigación paralela sobre Rutilio Escandón, actual cónsul de México en Miami y cuñado de López Hernández.
De acuerdo con Riva Palacio, la cancelación de la visa del senador habría generado alertas dentro del gobierno federal ante la posibilidad de nuevas acciones de autoridades estadounidenses relacionadas con integrantes de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La columna también afirma que Estados Unidos informó al gobierno mexicano sobre la presunta revocación de visas de los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, además de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Los mandatarios han rechazado públicamente dichas versiones.
Según el artículo, las investigaciones estadounidenses alcanzarían a otros funcionarios, legisladores y gobernadores de distintos partidos políticos por presuntos nexos con actividades criminales.
Riva Palacio agrega que en el Senado estadounidense fue presentada una iniciativa legislativa impulsada por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen para reforzar el combate al denominado huachicol fiscal y considerarlo un asunto de seguridad nacional.
La publicación sostiene que las autoridades estadounidenses investigan otras operaciones presuntamente vinculadas con López Hernández, entre ellas tráfico irregular de ganado, lavado de dinero y el uso de empresas factureras. También menciona presuntos vínculos políticos y financieros con actores de Morena en distintas entidades.
Por último, el columnista asegura que parte de las investigaciones han derivado en el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos y en procesos para el aseguramiento de propiedades de algunos de los personajes bajo investigación, aunque no se precisan nombres ni detalles de los bienes involucrados.
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