En medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que mantiene a Guamúchil y la región del Évora bajo asedio de caravanas armadas, bloqueos y enfrentamientos, el gobierno municipal de Salvador Alvarado enfrenta señalamientos de operar un esquema de extorsión institucional contra la industria de telecomunicaciones, mientras figuras cercanas a Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) intentan sostener el control político del estado.
El caso Guamúchil
La presidenta municipal Guadalupe López González, de Morena, rindió protesta en octubre de 2024 con un discurso centrado en «transparencia, rendición de cuentas y progreso social». Año y medio después, empresas de telecomunicaciones —Telmex, Megacable y Totalplay— la acusan de exactamente lo contrario: el Ayuntamiento pretendió calificar como «obra en vía pública» el cableado aéreo tendido sobre infraestructura de la CFE, un rubro de competencia exclusivamente federal, para cobrar derechos ilegales. Ante la negativa de las empresas a pagar, el municipio impuso multas que ya superan los mil 500 millones de pesos y, según las denuncias, llegó a cortar y remover físicamente tramos de la red federal de telecomunicaciones, dejando sin servicio a miles de usuarios en uno de los municipios más golpeados por la violencia del cartel.
Un asesor cercano a la alcaldesa, identificado como Pedro Molineros Urías, habría ofrecido condonar entre 60% y 70% de las multas a cambio de pagos millonarios al Ayuntamiento, lo que las empresas interpretan como un esquema clásico de extorsión disfrazado de regulación municipal. Telmex, Megacable y Totalplay ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos hechos, registrada bajo la carpeta FED/SIN/GUAM/0000898/2026.
López González ha defendido públicamente a Rocha Moya hasta la fecha, pese a que el gobernador con licencia atraviesa el escándalo político más grave de su carrera.
El espejo de Tequila
El paralelismo con el caso de Diego Rivera Navarro, exalcalde morenista de Tequila, Jalisco, no es casual. Rivera Navarro fue detenido el 5 de febrero de 2026 como parte de la Operación Enjambre, acusado de delincuencia organizada con fines de secuestro y de operar, según la FGR, un sistema de extorsión disfrazado de regulación municipal: multas desproporcionadas, clausuras arbitrarias y amenazas con el respaldo —real o simulado— del CJNG. Testimonios de regidoras y empresarios, incluido el caso de José Cuervo, describieron cómo el predial se multiplicó miles de veces como herramienta de presión, y cómo quienes se negaban a pagar enfrentaban clausuras, golpizas e incluso secuestros con participación de policías municipales. Rivera Navarro permanece en prisión preventiva en el Altiplano.
La nota de Excélsior plantea que ambos casos —Tequila y Guamúchil— responden al mismo modelo: usar las facultades regulatorias del ayuntamiento (multas, clausuras, permisos) para convertir el poder público en una maquinaria de cobro de piso, eliminando la línea entre autoridad y crimen organizado.
El contexto Rocha Moya
La gravedad del caso de Salvador Alvarado se entiende mejor a la luz de lo que ocurre con el propio gobernador con licencia. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses —entre ellos el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez, y el vicefiscal Dámaso Castro— de vínculos con Los Chapitos. Rocha solicitó licencia el 1 de mayo «para facilitar las investigaciones».
Dos de sus colaboradores más cercanos ya se entregaron a la justicia estadounidense como testigos cooperantes: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa. Según la acusación, antes de las elecciones de 2021 que llevaron a Rocha Moya al poder, Díaz Vega entregó a Los Chapitos los nombres y direcciones de sus opositores para que el cartel los amenazara y forzara a retirarse de la contienda. El 26 de mayo, Rocha Moya y el resto de los citados comparecieron ante la FGR en Culiacán como testigos, insistiendo en su inocencia.
Es justamente Díaz Vega quien, según ha documentado previamente esta columna, operó la negociación que cedió a Los Chapitos el control de plataformas municipales y del agua en varios municipios sinaloenses desde 2022 —el mismo tipo de cesión de competencias públicas que ahora se observa, en otra escala, en Salvador Alvarado.
El fondo del problema
Lo que conecta ambos episodios es la pregunta de fondo: si la Federación permitirá que gobiernos municipales sigan invadiendo competencias federales —regulación de telecomunicaciones, en este caso— para convertirlas en mecanismos de presión económica, mientras el estado de Sinaloa atraviesa simultáneamente una guerra interna del cartel y el colapso judicial de su cúpula política en Estados Unidos. Las víctimas reales no son las empresas multadas, sino los ciudadanos de Guamúchil que se quedan sin telefonía ni internet —hospitales, escuelas, comercios, servicios de emergencia— en uno de los municipios más violentos del país.
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