Hay momentos en los que uno deja de sentir que vive bajo un gobierno y empieza a sentir que vive bajo una maquinaria que siempre encuentra una nueva forma de meterse en su vida. Primero fueron las decisiones económicas que golpearon el bolsillo, después la inseguridad que transformó nuestras rutinas, luego la incertidumbre jurídica, los cambios institucionales, la polarización permanente y esa sensación cada vez más incómoda de que disentir del poder te convierte automáticamente en adversario. Ahora quieren entrar también en un terreno todavía más delicado: el de la información que recibimos y los contenidos que podemos escuchar y ver.
Por eso me preocupa profundamente la discusión alrededor de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. No porque crea que las audiencias no deban tener derechos. Por supuesto que deben tenerlos. Me preocupa porque, después de todo lo que hemos visto en estos años, me cuesta aceptar con tranquilidad que sea precisamente el poder político el que pretenda colocarse como garante de lo que es información correcta, de lo que constituye desinformación y de cómo deben comportarse los medios.
A menos de tres días de que concluya la consulta pública, la reacción ciudadana debería ser suficiente para que cualquier autoridad responsable reconsiderara el proyecto. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones había realizado previamente 15 consultas públicas que, juntas, acumularon 858 comentarios. Esta consulta, por sí sola, ya supera los 6,500. Es decir, ha recibido más de siete veces todas las participaciones generadas por los otros procesos combinados.
Eso no es ruido. No es una campaña artificial. No es una conspiración de medios. Es una señal política.
De acuerdo con un análisis realizado con herramientas de inteligencia artificial sobre los comentarios presentados, aproximadamente 79% son desfavorables a los Lineamientos. Más allá de que la cifra pueda variar conforme se incorporen nuevas opiniones, el mensaje general resulta difícil de ignorar: una parte abrumadora de quienes se han tomado el tiempo de participar no está pidiendo mayor intervención gubernamental sobre los contenidos. Está advirtiendo sobre el riesgo que esa intervención representa.
Y eso debería obligarnos a formular una pregunta elemental: ¿quién pidió realmente esta regulación?
Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde han defendido públicamente la necesidad de proteger a las audiencias frente a la desinformación. En abstracto, la idea puede sonar razonable. El problema comienza cuando recordamos que ningún gobierno es un observador neutral de la conversación pública. Mucho menos un gobierno que todos los días debate, confronta, señala y desacredita a periodistas, medios, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos que cuestionan sus decisiones.
Yo no quiero que un funcionario decida qué información debo considerar confiable. Tampoco quiero que una institución dependiente del Estado termine estableciendo criterios que, directa o indirectamente, condicionen la manera en que un medio informa, critica o investiga al propio Estado.
La experiencia reciente no invita precisamente a conceder un cheque en blanco.
Hay además un contraste que resulta revelador. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano publicó una lista oficial de las quejas recibidas por su Defensoría de las Audiencias entre enero de 2018 y abril de 2026. En más de ocho años se registraron 319 quejas. Una proporción importante tenía que ver con problemas técnicos: fallas de señal, calidad de imagen, audio, transmisiones por Internet o interrupciones. Otras estaban relacionadas con la transmisión de conferencias presidenciales, spots políticos, errores ortográficos, muletillas de conductores o incluso la aparición de logotipos comerciales.
Si descontamos las quejas estrictamente técnicas, únicamente 221 estuvieron relacionadas directamente con contenidos durante más de ocho años.
Frente a eso, en apenas 17 días hábiles, miles de personas se han movilizado para opinar sobre una regulación gubernamental de esos mismos contenidos. Aproximadamente 5,100 de los 6,500 comentarios registrados hasta ahora serían contrarios al proyecto, muchos de ellos precisamente por temor a sus efectos sobre la libertad de expresión.
La comparación es brutal.
Durante años, las audiencias no inundaron las defensorías exigiendo que el gobierno las protegiera de periodistas, comentaristas o programas de televisión. Ahora que el gobierno propone ampliar la regulación, miles aparecen para decir algo distinto: protéjannos de la posibilidad de que ustedes decidan demasiado.
Yo estoy entre quienes sienten esa preocupación.
Porque quienes hemos vivido estos años sabemos que las decisiones del poder rara vez permanecen encerradas en los límites que inicialmente se prometen. Una facultad creada para resolver un problema concreto puede terminar convertida en una herramienta mucho más amplia. Una regulación presentada como protección puede transformarse en presión. Una recomendación puede convertirse en advertencia. Una obligación administrativa puede generar autocensura mucho antes de que aparezca una sanción.
Y esa es precisamente la forma más peligrosa de censura: aquella que no necesita cerrar un periódico ni sacar del aire un programa. Basta con crear suficientes incentivos para que periodistas, productores, comentaristas y concesionarios empiecen a preguntarse, antes de publicar algo incómodo, si tendrán problemas con la autoridad.
Después de tantos golpes a instituciones, contrapesos y espacios de discusión pública, resulta inevitable desconfiar cuando el mismo poder político pide nuevas herramientas para intervenir en la conversación nacional.
A mí el gobierno ya me afecta cuando suben los costos de vida, cuando la inseguridad modifica mis horarios, cuando una decisión económica cambia mis planes, cuando una reforma altera instituciones de las que depende nuestra certeza jurídica o cuando la política invade cada discusión cotidiana. Lo último que quiero es sentir que ahora también debo preguntarme si la información que recibo ha sido acomodada para satisfacer los criterios de una autoridad.
No necesito que el gobierno me proteja de una opinión con la que no estoy de acuerdo. Necesito que respete mi capacidad de escucharla, contrastarla y rechazarla.
Ese es, precisamente, el significado de ser ciudadano y no súbdito.
La libertad de expresión nunca ha sido cómoda para quien gobierna. Sirve para denunciar abusos, revelar contradicciones, exhibir corrupción, cuestionar decisiones y recordarles a quienes ocupan temporalmente el poder que siguen sujetos al escrutinio de todos los demás.
Por eso la reacción contra estos Lineamientos tiene tanta importancia. No estamos discutiendo solamente reglas técnicas para radio y televisión. Estamos discutiendo quién debe tener la última palabra sobre lo que podemos escuchar, cuestionar y debatir.
Y después de todo lo que el poder ya ha acumulado, mi respuesta es sencilla: no quiero darle una herramienta más.
Porque si algo nos queda para defendernos de un gobierno que pretende abarcar cada vez más espacios de nuestra vida, es precisamente nuestra capacidad de hablar, denunciar, investigar, cuestionar y escuchar a quienes piensan distinto.
El día que también entreguemos eso, ya no quedará mucho que defender.
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