La presidenta Claudia Sheinbaum decidió este martes enviar un mensaje tan delicado como peligroso para la relación bilateral con United States: si Washington no entrega pruebas adicionales contra Rubén Rocha Moya, su gobierno podría simplemente negarse a ejecutar la solicitud de captura urgente emitida por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense.
Dicho en términos políticos: México está diciéndole a su principal socio comercial y aliado estratégico en materia de seguridad que su palabra no basta.
Y el costo de esa postura podría ser enorme.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la petición enviada por autoridades estadounidenses no constituye un proceso formal de extradición y que, al no existir pruebas suficientes —según el criterio de su gobierno—, no existe obligación inmediata para detener al exgobernador sinaloense Rubén Rocha.
Pero detrás del tecnicismo jurídico hay un problema político mayúsculo.
Lo que la presidenta parece ignorar es que en momentos donde la cooperación bilateral atraviesa una etapa extremadamente sensible por el tráfico de fentanilo, la presión del Congreso estadounidense y el creciente discurso de intervención contra los cárteles mexicanos, desestimar públicamente una solicitud del Departamento de Justicia equivale a tensar innecesariamente una relación que hoy depende, más que nunca, de la confianza mutua.
En Washington esto difícilmente será leído como una simple interpretación legal.
Será interpretado como lo que parece: un acto de protección política.
Y eso abre una serie de escenarios preocupantes.
Primero, Estados Unidos podría endurecer drásticamente la cooperación en materia de inteligencia y seguridad con México, particularmente en investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción política.
Segundo, sectores republicanos —que desde hace meses insisten en catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas— encontrarían en esta decisión nueva munición para sostener que el gobierno mexicano obstaculiza deliberadamente investigaciones contra actores políticos vinculados al crimen organizado.
Tercero, se profundiza una narrativa que ya comienza a instalarse en ciertos sectores estadounidenses: que Morena protege a personajes señalados por agencias norteamericanas mientras exige respeto absoluto a la soberanía nacional.
La contradicción es evidente.
Cuando el gobierno mexicano exige cooperación de Estados Unidos en temas migratorios, comerciales o de armas, reclama coordinación inmediata.
Pero cuando la justicia estadounidense pone bajo la lupa a un personaje políticamente cercano al oficialismo, entonces aparecen las exigencias extraordinarias, los tecnicismos procesales y las dudas sobre la evidencia.
El problema para Sheinbaum es que esta estrategia puede salir extraordinariamente cara.
La relación con Estados Unidos no atraviesa un momento cualquiera. La presión política en Washington sobre México crece cada semana. El tema del narcotráfico domina la agenda bilateral. Y en ese contexto, enviar señales de aparente protección a un político investigado por autoridades estadounidenses es exactamente el tipo de decisión que puede convertir una tensión diplomática en una confrontación abierta.
En su intento por blindar a uno de los suyos, el gobierno mexicano podría terminar deteriorando una relación bilateral de la que dependen miles de millones de dólares en comercio, cooperación en seguridad y estabilidad política regional.
A veces proteger a un aliado cuesta más que entregarlo.
Y parece que Claudia Sheinbaum acaba de decidir correr ese riesgo.
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