El caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dominó este miércoles la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Mientras el oficialismo acusó al PAN de ser «el partido del huachicol», los legisladores panistas respondieron denunciando una persecución política y una «cortina de humo» para desviar la atención de la crisis de seguridad.
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, sostuvo desde la tribuna del Senado que el caso derrumbó la narrativa del PAN sobre corrupción y seguridad. «Hoy sabemos que ustedes son los reyes del huachicol», lanzó contra la bancada panista, al tiempo que vinculó el caso con el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna y el llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.
Ávila indicó que la investigación por un presunto fraude superior a los 4,600 millones de pesos demuestra que Ruffo era «el principal huachicolero del país» y citó una investigación publicada por la edición mexicana de El País para sostener que existían vínculos entre la agencia aduanal relacionada con el exgobernador y la empresa importadora bajo investigación.
En el mismo sentido, la diputada morenista Andrea Navarro rechazó que exista una persecución política y aseguró que la imputación por delincuencia organizada y contrabando es resultado de una investigación desarrollada durante años por la Fiscalía General de la República. «No es un señalamiento, es una imputación formal», sostuvo, mientras responsabilizó al modelo energético de los gobiernos del PRI y del PAN por el surgimiento del llamado huachicol fiscal.
Es un preso político para intentar ocultar la verdad y distraer la atención nacional
Desde el PAN, la respuesta llegó tanto en tribuna como ante los medios. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó a Ruffo como «un preso político» y aseguró que el gobierno pretende utilizar el caso para ocultar la crisis de seguridad y los cuestionamientos de Estados Unidos y Canadá en materia de combate al crimen organizado.
«Es un preso político para intentar ocultar la verdad y distraer la atención nacional», sostuvo la legisladora, quien además afirmó que el proceso judicial presenta «irregularidades» y que el exgobernador no tenía capacidad para operar por sí solo la presunta red de contrabando de combustibles.
El diputado panista Marcelo Torres Cofiño elevó todavía más el tono y acusó al oficialismo de fabricar una «miserable cortina de humo» mediante el uso de una «jueza carnal», mientras exigió investigar presuntos vínculos de personajes cercanos a Morena con redes de contrabando y corrupción.
Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, evitó cerrar filas con Ruffo, aunque exigió que el proceso judicial respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, reclamó que la investigación alcance a toda la estructura responsable del tráfico ilegal de combustibles y señaló que un fenómeno de esa magnitud no podría operar sin la «participación o la omisión» de distintas autoridades.
El clima de confrontación incluso salió de la tribuna del Senado. Mientras el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, esperaba el uso de la palabra, la senadora priista Carolina Viggiano caminó hasta la banca de la morenista Sandra Simey Olvera para encararla. La discusión se dio por el crecimiento del huachicol fiscal y la inseguridad en Hidalgo. La legisladora de Morena evitó responder sobre las cifras y responsabilizó a los gobiernos del PRI por el problema, lo que provocó un intercambio entre ambas que llevó a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, a interrumpir momentáneamente la sesión para pedirles que volvieran a sus respectivos lugares.
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