La polémica por las listas de periodistas, opositores y ciudadanos críticos exhibidas desde Palacio Nacional tiene una protagonista directa: Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República. Fue ella quien encabezó la presentación pública del análisis realizado por el Gobierno, explicó su metodología, mostró las distintas categorías en las que fueron agrupadas decenas de cuentas y pronunció la frase que terminó por marcar toda la conferencia: “Los tenemos ubicados”.
El episodio no surgió de una filtración ni de un documento interno revelado por terceros. La información fue presentada abiertamente desde una instancia del Gobierno federal y difundida a través de canales oficiales. Alcalde explicó que el ejercicio comprendió varios meses de observación y que partió de un conjunto de cuentas utilizadas para construir un mapa de lo que el Gobierno definió como un “ecosistema digital” dedicado a generar y amplificar narrativas críticas contra la administración de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la exposición oficial, el monitoreo comprendió información recopilada entre enero y agosto de 2026 y clasificó las cuentas analizadas en distintas capas. En la primera fueron colocados medios de comunicación, periodistas y analistas; en la segunda, políticos y personajes públicos; en la tercera, perfiles que el propio Gobierno denominó “cuentas de ataque”; y en una cuarta capa se ubicó a cientos de miles de cuentas que, según la explicación gubernamental, funcionarían como un anillo de amplificación.
El Gobierno sostiene que el objetivo del análisis fue mostrar cómo determinadas narrativas se originan, se politizan, se reempaquetan y posteriormente se amplifican en redes sociales. Entre los temas identificados por la propia Consejería aparecen expresiones como “narcogobierno”, “huachicol fiscal”, “régimen autoritario” y referencias a presiones provenientes de Estados Unidos. El problema político comienza cuando el ejercicio deja de concentrarse exclusivamente en bots o comportamientos automatizados y coloca dentro de un mismo esquema a periodistas, medios, opositores y ciudadanos identificables.
Ese matiz resulta central. Analizar redes automatizadas y campañas coordinadas puede ser una tarea legítima cuando existe evidencia técnica que permita demostrar su funcionamiento. Sin embargo, en las láminas presentadas por Alcalde aparecieron también medios nacionales, periodistas con nombre y apellido, organizaciones civiles, empresarios, dirigentes partidistas y usuarios de redes sociales cuya principal característica común es mantener posiciones críticas hacia el Gobierno.
Por ello, la responsabilidad política de explicar los alcances de este ejercicio recae de manera especial en Luisa María Alcalde. Fue ella quien defendió públicamente el análisis, presentó sus resultados y expuso los nombres frente a las cámaras. La frase “los tenemos ubicados” puede interpretarse como una expresión coloquial para señalar que determinadas cuentas habían sido identificadas dentro de una investigación de redes, pero adquiere una dimensión completamente distinta cuando es pronunciada por una alta funcionaria federal mientras en una pantalla aparecen periodistas, opositores y ciudadanos clasificados por su actividad política y comunicativa.
La presentación también abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos. Si el análisis fue realizado desde una dependencia de la Presidencia, resulta necesario conocer cuántos servidores públicos participaron, cuánto tiempo se destinó al monitoreo, qué herramientas tecnológicas fueron utilizadas, si se contrataron servicios externos, qué metodología se aplicó y cuánto costó en total el ejercicio. También es necesario conocer con precisión qué criterios se utilizaron para determinar que una cuenta pertenecía a una determinada capa y qué evidencia permite sostener que existe coordinación entre perfiles que comparten determinadas narrativas.
Hasta ahora no existe evidencia pública de que las personas incluidas en estas listas hayan sido investigadas penalmente por aparecer en ellas, ni de que sus comunicaciones privadas hayan sido intervenidas o de que exista seguimiento físico sobre los perfiles señalados. Afirmar algo de esa naturaleza sin pruebas sería incorrecto. Lo que sí está documentado es que un análisis gubernamental clasificó y exhibió públicamente a periodistas, políticos y ciudadanos críticos, y que Luisa María Alcalde fue la funcionaria encargada de presentarlo y defender sus conclusiones.
La controversia cobra además mayor relevancia porque Alcalde se encuentra al frente de la Consejería Jurídica en un momento en el que el Gobierno mantiene una discusión abierta sobre derechos de las audiencias, regulación de medios y combate a la desinformación. La combinación de ambos asuntos obliga a exigir un nivel particularmente alto de transparencia. No basta con asegurar que no existe censura; el Gobierno debe demostrar que cualquier análisis de redes mantiene una separación clara entre la detección de operaciones artificiales y la clasificación política de ciudadanos que ejercen su derecho a criticar.
Claudia Sheinbaum es, por supuesto, la titular del Ejecutivo y la responsabilidad institucional corresponde a su administración. Sin embargo, en este episodio concreto fue Luisa María Alcalde quien se colocó en el centro de la polémica. Ella encabezó la conferencia, explicó el monitoreo, mostró las categorías, presentó los nombres y utilizó la expresión “los tenemos ubicados”. Por esa razón, es también quien debe explicar públicamente quién ordenó el análisis, quién lo ejecutó, cuánto costó y por qué se consideró necesario presentar desde Palacio Nacional una clasificación de voces críticas.
La discusión no debería reducirse a si el Gobierno tiene derecho a responder a sus adversarios. Naturalmente lo tiene. También puede desmentir información, cuestionar investigaciones periodísticas o advertir sobre campañas coordinadas cuando cuente con elementos suficientes. El límite democrático aparece cuando una institución del Estado utiliza sus capacidades para identificar y clasificar ciudadanos y posteriormente los presenta públicamente como integrantes de una estructura adversaria.
Ese es el fondo de la polémica que dejó la conferencia de Luisa María Alcalde. La pregunta no es solamente qué publicaron las cuentas señaladas, sino por qué la Consejería Jurídica de la Presidencia necesitaba tenerlas “ubicadas”, qué hizo con esa información y bajo qué criterios decidió mostrarlas públicamente.
LAS LISTAS EXHIBIDAS DURANTE LA PRESENTACIÓN
Medios, periodistas y analistas
Adela Micha; ADN40; Ana Paula Ordorica; Aristegui Noticias; Atypical Te Ve; Azteca Noticias; Azucena Uresti; Beatriz Pagés; Carlos Alazraki; Carlos Loret de Mola; Chumel Torres; Ciro Gómez Leyva; Claudio Ochoa; Código Magenta; Denise Dresser; Dolia Estévez; El Universal; Héctor de Mauleón; Javier Alatorre; Javier Negre; Joaquín López-Dóriga; Jorge Ramos; José Cárdenas; Juan Ortiz; La Derecha Diario México; Laisha Wilkins; Latinus; Leo Zuckermann; León Krauze; Leticia Robles de la Rosa; Lourdes Mendoza; Luis Arturo Herrera; Luis Cárdenas; Manuel López San Martín; Marcelo Carrillo; Marco Levario; María Amparo Casar; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; México a la Derecha; Nayeli Roldán; Pablo Hiriart; Paola Rojas; Pascal Beltrán del Río; Pedro Ferriz de Con; Raymundo Riva Palacio; Reforma; Reyna Haydee Ramírez; Salvador García Soto; Sergio Sarmiento; The Right News Show; UHN Plus; Ultra Derecha y Víctor Trujillo.
Políticos y personajes públicos
Alejandro Moreno; Damián Zepeda; Felipe Calderón; Javier Lozano; Laura Ballesteros; Luisa Gutiérrez; Maru Campos; Rubén Moreira; Alessandra Rojo de la Vega; Elías Lixa; Fernando Belaunzarán; Jorge Romero; Lía Limón; Margarita Zavala; Mauricio Tabe; Santiago Taboada; Annia Gómez; Enrique de la Madrid; Gabriel Quadri; Jorge Triana; Lilly Téllez; Mario Di Costanzo; Ricardo Anaya; Vicente Fox; Claudio X. González; Federico Döring; Guadalupe Acosta Naranjo; Kenia López Rabadán; Lorenzo Córdova; Marko Cortés; Ricardo Salinas Pliego y Xóchitl Gálvez.
Perfiles clasificados por el Gobierno como “cuentas de ataque”
@AlexBaks82 — Alex Baqueiro; @DeniseMeadeG — Denise Meade Gaudry; @DonVocero — Don Vocero; @Glodejo07 — Gloria Alfa y Omega; @rthur013 — La Abuela García; @Marimargfp — Marimar Fernández G.P.; @PedroHerrero_ — Pedro Herrero; @HalloweenSalem2 — Salem The Cat; @TonySopranoMX — Tony Soprano; @avieu — Avi; @DiazMachuaca — Díaz Machuaca; @Eddy_Talks — Eddy Talks; @JustinM0ral — Jack Inmortal; @la_grenitas — La Greñitas; @Melissa_Bely — Melissa Bely; @RegioPiloto — Piloto Regio; @SocCivilMx — Sociedad Civil México; @kachoman1 — Un Kacho de Libertad; @creaitoons — Creaitoons Studio; @Baldo045551556 — Don Metralleta; @EljefeDiego — El Jefexo; @johnwickmx — John Wick MX; @Libro_negro_ — Libro Negro; @MrCivico_ — Mr. Cívico; @RepDeFifidonia — República de Fifidonia; @MannyBoyXXX — Sugar Manny Boy Stroll; @juguitopolitica — Juguito de Política; @DatEcheverriaMX — Daniel Echeverría Alemán; @DonPorfirio — Don Porfirio Díaz; @FarroRobot — Farro Robot; @jorgegaodl — Jorge García Orozco; @mannyboyteddy — Manny Boy Teddy; @neoliberalover — Neoliberalover; @ricardo744637 — Ricardo Ruiz; @NoSoyBuenaOnda — Tattaglia; y @LCDLMonosos — La Casa de los Mafiosos.
Las listas anteriores corresponden a los nombres y cuentas exhibidos durante la presentación gubernamental. La polémica no consiste en que un medio las haya recopilado por su cuenta, sino en que una dependencia del Ejecutivo decidió clasificarlas y mostrarlas públicamente, y que fue Luisa María Alcalde quien asumió la presentación frente a las cámaras.
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