La libertad de expresión pierde terreno cuando una publicación puede desaparecer antes de que un juez determine si infringió la ley. Ese es el riesgo que Kenia López Rabadán advierte en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor aprobada por la Cámara de Diputados: un esquema que, según la legisladora, permite retirar contenidos y sancionar a proveedores sin una resolución judicial previa.
Desde una perspectiva libertaria, la preocupación es evidente. Si el Estado amenaza con castigos económicos y deja un amplio margen de interpretación, las plataformas tendrán incentivos para borrar publicaciones ante cualquier duda. Para el usuario, defender su derecho a expresarse podría convertirse en una batalla posterior al silenciamiento.
La diputada panista sostiene que los proveedores podrían enfrentar multas de hasta 4.7 millones de pesos. Bajo esa presión, el riesgo es que la decisión sobre qué permanece en Internet responda al miedo a una sanción. La censura también puede funcionar mediante intermediarios: el poder impone la amenaza y otro ejecuta el retiro.
López Rabadán distinguió dos proyectos, conocidos coloquialmente como “leyes antimeme”. Uno modifica la legislación de derechos de autor; el otro, la de propiedad industrial y, según explicó, contempla consecuencias penales. Ninguno menciona expresamente los memes. La inquietud está en el alcance de sus disposiciones y en sus posibles efectos sobre la sátira, las caricaturas y la crítica política.
Combatir el fraude y proteger la propiedad intelectual son objetivos legítimos. Precisamente por eso, cualquier reforma debe definir con claridad las infracciones, garantizar la defensa de los afectados y proteger las expresiones que forman parte del debate público. La ambigüedad legal entrega poder a quien interpreta y deja incertidumbre a quien publica.
Aquí aparece el punto más incómodo para Morena y sus aliados. Según López Rabadán, la oposición propuso incorporar una protección expresa para la libertad de expresión, la información, el periodismo y la crítica política. La reserva fue rechazada.
Ese rechazo merece una explicación. Si las modificaciones buscan proteger a los ciudadanos, ¿por qué desechar una salvaguarda que limita su posible uso contra el debate público?
Al momento de la entrevista, ambos proyectos todavía debían pasar por la cámara revisora. Esa discusión exige examinar su redacción y sus consecuencias, porque una garantía constitucional no puede depender de la buena voluntad del gobierno, de una plataforma o de quien presenta una reclamación.
La propiedad intelectual merece protección. La libertad de expresión exige garantías claras. Un Congreso comprometido con ambas debe impedir que una denuncia se convierta automáticamente en castigo y que la prudencia empresarial termine borrando voces incómodas.
El ciudadano tiene derecho a cuestionar, satirizar y señalar al poder. Morena debe responder a esas críticas en el debate público. Cualquier reforma que facilite silenciarlas merece oposición firme.
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