La mayoría oficialista impuso cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor que, según Artículo 19, pueden incentivar la vigilancia de usuarios y la eliminación preventiva de contenidos.
Morena y sus aliados hicieron valer su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma que abre un nuevo frente de preocupación por la libertad de expresión. Con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, el oficialismo sacó adelante el dictamen pese a las advertencias de organizaciones civiles y legisladores opositores sobre sus posibles efectos censores.
El gobierno presenta los cambios como una protección para autores y artistas. Sin embargo, el problema señalado por sus críticos está en los incentivos que establece: ante el riesgo de sanciones, los proveedores podrían preferir retirar publicaciones antes de que se determine si realmente infringieron derechos de autor. La protección de una obra puede convertirse así en una herramienta para silenciar información legítima.
Artículo 19 advirtió que las nuevas responsabilidades pueden empujar a los intermediarios a monitorear la actividad de sus usuarios y restringir contenidos para evitar multas. También cuestionó la obligación de establecer políticas para terminar el servicio a presuntos infractores reincidentes, por el riesgo de excluirlos sin una determinación judicial sobre la ilicitud de sus publicaciones.
El riesgo político es evidente: un mecanismo susceptible de borrar información de interés público también puede beneficiar a quienes buscan esconder abusos, escándalos y corrupción. Cuando eliminar una publicación resulta menos costoso que defender su permanencia, la libertad de expresión queda subordinada al miedo a las sanciones.
Durante el debate, la oposición acusó al oficialismo de impulsar una mordaza digital. Morena rechazó esos señalamientos y sostuvo que la reforma protege la creación cultural; el PT la defendió como parte de la actualización legislativa vinculada al T-MEC. Pero esas explicaciones no despejan el cuestionamiento central: qué garantías tendrá la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias sobre sus contenidos.
La mayoría también desechó tres mociones que buscaban detener la discusión y devolver el dictamen a comisión. En lugar de frenar para atender las objeciones, decidió avanzar con una reforma cuyos riesgos ya estaban sobre la mesa.
En términos políticos, ganó la lógica de la mordaza: el oficialismo privilegió aprobar nuevas restricciones pese a las advertencias sobre su impacto. No hace falta prohibir expresamente la crítica para debilitarla; basta con crear condiciones que hagan más conveniente borrarla.
La discusión continuará en el Senado. Proteger a los creadores es una obligación legítima, pero utilizar esa causa para justificar mecanismos capaces de silenciar a la ciudadanía sería un abuso de poder. Morena tendrá que responder por las garantías que ofrece el texto, porque negar la censura desde la tribuna no impide que una ley la facilite.
Deja una respuesta