En el INE, los cargos suelen tener nombre y apellido. Los contratos también. Y, a veces, las relaciones entre unos y otros terminan dibujando una historia que merece algo más que una explicación administrativa.
La información publicada por Reforma señala que Jonathan Navarrete Torres, identificado oficialmente como chofer de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, obtuvo en 2023 poderes de representación de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales. La coincidencia llama la atención por otra razón: la nota afirma que Zeg y su empresa asociada, Cajas Graf, enfrentaron señalamientos y revisiones por presuntas irregularidades.
La cronología es la que vuelve difícil apartar la mirada. Según la publicación, Taddei asumió la presidencia del INE en abril de 2023. Dos meses después, Zeg y Cajas Graf quedaron inscritas como proveedoras del Instituto. En 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado cuentas de ambas compañías; aun así, el INE les habría adjudicado contratos. Para la elección judicial de 2025, la nota reporta convenios por 197 millones de pesos.
No se trata de afirmar, a partir de una coincidencia, que alguien cometió un delito. Se trata de preguntar qué controles revisaron esos antecedentes, quién autorizó las contrataciones y si el Instituto documentó posibles conflictos de interés. En una autoridad cuya tarea es organizar elecciones y vigilar reglas, la apariencia de imparcialidad también importa.
La publicación enlaza además a otros funcionarios y proveedores. Menciona a Jesús Octavio García Zelaya, quien habría sido representante legal de las empresas y, más tarde, director de Administración del INE. También refiere contratos otorgados en Sonora y Chihuahua durante la gestión de Taddei y de Claudia Arlett Espino en organismos electorales locales. Son datos que requieren contexto y respuesta de las personas e instituciones señaladas; por sí solos no prueban una conducta ilícita.
Pero la pregunta pública permanece: ¿cómo se evaluaron esos vínculos antes de contratar? ¿Qué criterios se aplicaron cuando las empresas aparecieron en registros de proveedores y, después, en reportes sobre investigaciones o cuentas congeladas? ¿Hubo una revisión independiente de los procedimientos?
El INE no puede responder a estas preguntas con el argumento de que cada trámite siguió su curso. Cuando se cruzan contratos públicos, funcionarios que cambian de cargo y empresas bajo escrutinio, la transparencia exige explicar la secuencia completa: expedientes, dictámenes, adjudicaciones y posibles declaraciones de conflicto.
La investigación periodística pone sobre la mesa una trama de relaciones que debe verificarse con documentos y respuestas oficiales. La obligación ahora es aclarar qué ocurrió, quién tomó cada decisión y si los controles funcionaron. En el árbitro electoral, la confianza no se presume: se sostiene con cuentas claras.
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