El cierre de la selección de candidaturas de Morena rumbo a las gubernaturas de 2027 deja una pregunta mucho más incómoda que la identidad de sus ganadores: cuánto espacio conserva la voluntad de los militantes cuando las decisiones atraviesan los intereses de gobernadores, dirigentes, aliados y grupos que consideran cada estado una parcela de poder. Detrás de las celebraciones y las fotografías de unidad aparece una disputa que difícilmente puede resolverse con un llamado a respaldar al movimiento, porque quienes quedaron fuera también conocen sus mecanismos internos y algunos están convencidos de que participaron en una competencia cuyo desenlace se había negociado antes de hacerse público.
Los resultados descritos por Alfredo González en su columna revelan un partido obligado a administrar sus propias contradicciones: aspirantes desplazados por los cuestionamientos que arrastran, figuras respaldadas por estructuras gubernamentales que no consiguieron imponerse y aliados que aprovecharon la negociación para ampliar su presencia. La cuestión de fondo es qué criterios determinaron esas decisiones y hasta dónde puede Morena explicarlos sin exhibir la distancia entre su discurso democrático y las prácticas con las que distribuye el poder.
El Partido Verde emerge como uno de los mayores beneficiarios de ese reparto, con Ruth González en San Luis Potosí y, dentro de la alianza oficialista, Gino Segura en Quintana Roo, Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota en Baja California Sur. Esa distribución obliga a revisar la relación entre Morena y su socio, porque una alianza que entrega posiciones de semejante importancia también entrega capacidad de negociación, influencia territorial y margen para condicionar decisiones futuras. Cada candidatura concedida al Verde representa una oportunidad que deja de estar disponible para los cuadros morenistas que hicieron carrera bajo la promesa de encabezar la transformación.
En Nayarit, González atribuye el desplazamiento de Héctor Santana a sus antecedentes y presenta la llegada de Jasmine Bugarín como la salida elegida por el oficialismo. Si ese fue el criterio, la dirigencia tendría que explicar qué elementos consideró y por qué un aspirante con esos cuestionamientos llegó hasta una etapa decisiva del proceso, porque retirar un nombre al final no aclara la responsabilidad de quienes lo impulsaron. La credibilidad de una selección depende también de los filtros que operaron antes del anuncio y de la disposición del partido a explicar sus decisiones cuando afectan a figuras con respaldo interno.
Baja California Sur muestra otra dimensión del conflicto. Según la lectura del columnista, la elección de Manuel Cota sirvió para limitar el control del gobernador Víctor Manuel Castro y dejó fuera a Milena Quiroga, cuya inconformidad se hizo visible al no acompañar el gesto de respaldo a su contrincante. Reducir esa reacción a un berrinche evita discutir lo esencial: cuando una candidatura funciona como instrumento para modificar el equilibrio entre grupos, los participantes dejan de disputar únicamente el apoyo ciudadano y pasan a depender de una negociación en la que su trayectoria puede resultar secundaria. La dirigencia podrá reclamar disciplina, pero tendrá dificultades para exigir entusiasmo a quienes interpretan su derrota como una decisión tomada para resolver cuentas entre otros.
En Baja California, la exclusión de Ismael Burgueño y la llegada de Julieta Ramírez plantean una exigencia semejante. La columna vincula el desenlace con las investigaciones que, según su autor, pesan sobre Burgueño, pese a su cercanía con la gobernadora Marina del Pilar. Morena tendría que precisar cómo influyeron esos señalamientos en la selección, porque una investigación no equivale a una responsabilidad acreditada, pero tampoco puede manejarse como un dato irrelevante mientras conviene sostener una aspiración y convertirse después en explicación suficiente para descartarla. La consistencia de los criterios importa tanto como el resultado, especialmente para un partido que ha hecho de la honestidad una justificación central de su permanencia en el gobierno.
Chihuahua concentra una de las disputas más visibles por la derrota de Andrea Chávez frente a Cruz Pérez, a quien González ubica al frente de las encuestas, aunque recoge también la interpretación de que su cercanía con Ariadna Montiel influyó en el desenlace. La coexistencia de ambas explicaciones demuestra por qué publicar un ganador no basta para cerrar una competencia: cuando el respaldo ciudadano y las relaciones con la dirigencia se confunden, la falta de información alimenta la sospecha de que la encuesta sirve para legitimar una decisión política previamente construida.
En el caso de Andrea Chávez, además, el debate exige distinguir los ataques misóginos de los cuestionamientos sobre el ejercicio del poder. Los primeros deben rechazarse, mientras que los segundos necesitan responderse con información y argumentos; utilizar unos para descalificar automáticamente los otros deteriora la discusión y deja sin resolver las preguntas relevantes. El texto de González alude a un expediente que la persigue, pero no desarrolla los elementos que lo integran, por lo que esa referencia no permite dar por acreditadas conductas específicas. Lo que sí permite discutir es la obligación de Morena de atender los señalamientos sobre sus figuras sin sustituir las explicaciones por campañas de respaldo o descalificación en redes.
Tlaxcala ofrece un problema igualmente delicado. González sostiene que Alfonso Sánchez perdió pese al apoyo del gobierno de Lorena Cuéllar y atribuye su derrota al rechazo interno frente a la forma en que se habría impulsado su aspiración, mientras Ana Lilia Rivera terminó imponiéndose. Si hubo un uso indebido de la estructura gubernamental, la pérdida de la candidatura no debería convertirse en el punto final del asunto, porque una irregularidad no desaparece cuando fracasa su propósito. El partido tendría que esclarecer cómo se desarrolló ese respaldo y qué controles existieron para impedir que el gobierno interviniera en beneficio de un participante.
En Nuevo León, la nueva apuesta por Clara Luz Flores, presentada en la columna como una candidatura con respaldo de la Federación, supone el reto de construir una opción capaz de competir frente a la alianza PRI-PAN y Movimiento Ciudadano. Ese apoyo puede fortalecer una campaña, pero el resultado dependerá de su capacidad para generar confianza entre los electores. La exclusión de Tatiana Clouthier, acompañada por reacciones encontradas e incluso por la celebración de su hermano Manuel, evidencia que el reconocimiento público y la trayectoria política tampoco garantizan un lugar cuando cambian las prioridades de quienes conducen la selección.
Sonora y Zacatecas concentran dos conflictos que pueden dejar consecuencias más allá de los anuncios. En Sonora, González describe el llanto de Célida López ante la elección de Lorenia Valles y atribuye el resultado a una imposición del gobernador Alfonso Durazo, además de señalar malestar en el grupo de Javier Lamarque. En Zacatecas, acusa que Verónica Díaz llegó mediante encuestas a modo y presiones de los hermanos Monreal; se trata de señalamientos del columnista que requieren sustento y respuesta, pero cuya gravedad impide despacharlos como una diferencia ordinaria entre aspirantes.
Cuando dentro de un partido circulan acusaciones de manipulación de encuestas, amenazas o chantajes, la dirigencia tiene una responsabilidad que va más allá de organizar una fotografía de reconciliación. Debe ofrecer elementos que permitan evaluar la integridad del procedimiento, porque pedir a los inconformes que guarden silencio puede contener una crisis durante unos días, pero no reconstruye la confianza. La unidad que necesita Morena para competir en 2027 será más frágil si depende de que sus militantes renuncien a preguntar cómo se decidió quién podía encabezar una candidatura.
El costo de estas disputas tampoco puede medirse únicamente por el número de aspirantes derrotados. Cada uno representa equipos, operadores, simpatizantes y estructuras que participaron con la expectativa de tener una posibilidad efectiva de ganar; cuando esa expectativa se rompe, la inconformidad puede traducirse en distanciamiento, menor movilización o una colaboración meramente formal con la campaña del vencedor. La dirigencia puede entregar una candidatura, pero no puede asegurar por decreto el compromiso de todos los que quedaron fuera ni dar por hecho que el electorado aceptará sus acuerdos internos.
A esa tensión se suma el frente que González describe alrededor de Andrés Manuel López Beltrán. La columna refiere preocupación en Morena y Palacio Nacional por señalamientos de agencias y medios estadounidenses que lo relacionan con el crimen organizado y el contrabando de combustible, además del temor de que el caso alcance una dimensión semejante a la que el autor atribuye a Rubén Rocha y otras personas en Sinaloa. Esas referencias no acreditan por sí mismas la comisión de delitos, y cualquier responsabilidad debe establecerse mediante investigaciones y pruebas; precisamente por ello, tampoco resulta aceptable que la respuesta política se limite a asegurar, desde la cercanía partidista, que no existe conducta alguna que investigar.
Si Morena considera falsos esos señalamientos, necesita responder con elementos verificables y permitir que las autoridades competentes actúen con independencia. Presentar toda información incómoda como un intento de dañar al gobierno puede servir para cohesionar a sus simpatizantes, pero no resuelve las dudas ni fortalece la credibilidad de las instituciones. La presunción de inocencia protege a cualquier persona frente a una condena anticipada, mientras que la exigencia de esclarecer hechos protege a la sociedad frente a una absolución política igualmente anticipada.
Morena llega así a la siguiente etapa de la ruta electoral con candidaturas definidas y conflictos cuya resolución exigirá mucho más que disciplina. Su desafío consiste en demostrar que puede procesar la competencia interna, explicar sus acuerdos y atender los cuestionamientos sobre sus figuras sin recurrir al peso del gobierno o a la lealtad al movimiento como respuesta suficiente. Los excluidos tendrán que decidir qué hacen con su inconformidad, pero la responsabilidad de la dirigencia será acreditar que el procedimiento merece confianza y que los ganadores pueden construir legitimidad fuera de los grupos que los respaldaron.
La prueba de 2027 llegará cuando esos nombres tengan que pedir el voto y responder ante ciudadanos que no participaron en las negociaciones ni tienen obligación de convalidarlas. Para entonces, el reparto de candidaturas habrá dejado de ser un asunto interno y sus consecuencias estarán a la vista: un partido que aspira a seguir gobernando tendrá que explicar por qué merece la confianza pública cuando una parte de los suyos todavía cuestiona la manera en que decidió quién debía representarlos.
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