La falta de insumos, personal y condiciones laborales dignas refleja años de decisiones fallidas. Las protestas del IMSS también fueron contenidas por policías, pero el problema de fondo es un sistema que no garantiza atención suficiente ni a pacientes ni a quienes los atienden.
Trabajadores del IMSS salieron a protestar en Ciudad de México y otros estados para exigir un aumento salarial directo, medicamentos e insumos médicos, plazas suficientes y mejores condiciones de trabajo. Personal de enfermería denunció que en algunas unidades faltan materiales básicos, como vendas y gasas; trabajadores de mantenimiento dijeron que incluso deben llevar herramientas propias para reparar equipos.
Estas carencias no surgieron de un día para otro. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la eliminación del Seguro Popular, la creación del Insabi y su posterior sustitución por IMSS-Bienestar cambiaron varias veces la estructura de atención para las personas sin seguridad social. La transición se hizo sin resolver de manera efectiva los problemas de cobertura, abasto y coordinación. El resultado fue un retroceso: la población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022. Para 2024, una estimación basada en la metodología anterior calculó 44.5 millones de personas en esa situación.
López Obrador prometió un sistema de salud de primer nivel, medicamentos y atención gratuita. Pero las cifras y las protestas muestran que esas promesas quedaron muy lejos de cumplirse. Cambiar instituciones y nombres no construyó un sistema más sólido: dejó a millones de personas con dificultades para recibir atención y a trabajadores intentando atenderlas con recursos insuficientes.
El gobierno actual también debe responder. No puede atribuir todas las fallas al pasado mientras administra las instituciones y decide cómo se distribuyen los recursos. Si faltan insumos, personal y equipo, las autoridades deben explicar qué está fallando y presentar soluciones verificables. La austeridad no puede convertirse en excusa para que hospitales y clínicas operen al límite.
A ese cuadro se suma el conflicto salarial. Los trabajadores rechazaron el aumento de 2.9% directo al tabulador que acordó la dirigencia sindical y exigieron renegociarlo. También reclamaron que sus condiciones laborales afectan el servicio: con menos personal y materiales, la presión recae tanto en quienes atienden como en los pacientes.
Durante las movilizaciones, policías encapsularon y replegaron a trabajadores que bloqueaban vialidades. Aunque las autoridades dijeron que buscaban liberar la circulación, la intervención aumentó la tensión y alimentó las denuncias de represión. Contener una protesta no resuelve la falta de medicamentos ni corrige las decisiones que deterioraron el sistema.
La responsabilidad política recae en quienes diseñaron, ejecutaron y mantienen las políticas de salud. El gobierno de López Obrador dejó una transformación desordenada y resultados que contradicen sus promesas; las autoridades actuales tienen la obligación de corregirla. Mientras tanto, los trabajadores siguen denunciando que no cuentan con lo necesario y los pacientes enfrentan las consecuencias.
¿De qué sirve prometer un sistema de salud para todos si el personal protesta porque no tiene con qué atender? El gobierno debe dejar de responder con anuncios y ofrecer resultados: abasto suficiente, contratación de personal, equipo funcional y atención oportuna.
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